Por Santiago Masetti

Al día siguiente de las elecciones, mientras se intentaba la difusión del caos en Caracas y otros puntos del país, este cronista accedió a altas fuentes castrenses que le confirmaron lo siguiente, según las propias palabra de un mando del Ejército: “los votos, la movilización inmediata de miles y miles de venezolanos y venezolanas en defensa del gobierno, y la vocación constitucional inquebrantable de nuestros cuerpos armados y de seguridad hicieron que los intentos golpistas fracasaran”.

La estrategia de la derecha fue de manual, es decir la prevista en cada uno de los “papers” que la CIA distribuye entre las fuerzas golpistas de cada país latinoamericano en la actualidad, muy especialmente en Venezuela: presentarse a elección aunque de antemano la califiquen de fraudulenta, adelantarse a los resultados anunciando una supuesta victoria, para luego clamar por el fraude preanunciado y movilizar elementos marginales y paramilitares a sueldo, con la intención de provocar el caos.

En esas maniobras, las operaciones periodísticas juegan un rol fundamental. Haciendo uso de todas las herramientas mediáticas tradicionales y las provistas por las nuevas tecnologías digitales, en forma particular con “trolls” en las redes sociales, se difunde en forma masiva los contenidos previstos y provistos por las usinas golpistas.

Y tuvieron un protagonista muy capacitado en esos menesteres. El propio candidato de la derecha que en forma fallida se proclamó vencedor en las elecciones del domingo pasado.

Edmundo González Urrutia, cuenta con un pasado sanguinario en la guerra civil salvadoreña en la década de los ‘80. Entonces fue reclutado por la CIA para la organización de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, desde su posición de funcionario de la embajada venezolana en San Salvador, cuando otro figurón de la derecha golpista, Leopoldo Castillo, era el titular de esa representación diplomática.

En esta oportunidad, las fuerzas reaccionarias intentaron recrear y perfeccionar los escenarios de caos y desorganización que se habían intentado montar en 2016 y 2018.

Mucho antes del domingo 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, los grandes medios de comunicación globalizados emprendieron una campaña mediática en la que se cuestionaba el futuro resultado electoral.

De esta manera, “destacados periodistas”, “influencers” y “especialistas” de toda laya utilizaron largas horas de aire y pantallas de TV, como así también las redes sociales para editorializar, señalar y culpar al gobierno de Nicolás Maduro con un sinfín de acusaciones y responsabilidades determinadas.

La operación golpista penetró en ámbitos políticos latinoamericanos auto percibidos como progresistas y nacional- populares, entre los cuales se contaron algunos presidentes y ex mandatarios, que por miopía o complicidad encubierta, le exigían al gobierno de Maduro “transparencia” y entrega de actas que dieran fe de su triunfo, tal cual quedó registrado por las autoridades electorales.

Con aquella suerte de patéticos reclamos esos actores políticos le daban crédito a la información falsa e ilegal que difundió la derecha y desconocían la que ofrecía el gobierno constitucional, en cumplimiento estricto de las leyes que rigen los comicios en ese país, ratificadas, por cierto, en su calidad en más de un proceso de votación en varios años.

El día de la elección presidencial se caracterizó por ser una jornada donde primó la paz, tranquilidad y una alta participación electoral. En la espera de la decisión del soberano, los altos mandos de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) brindaron una rápida conferencia de prensa donde destacaron la unidad dentro de sus filas y que no se permitiría que se burle la decisión de los venezolanos.

Al conocerse los resultados a eso de la medianoche, el oficialismo festejó en masa en el Palacio Miraflores, mientras que las acciones de carácter violento asumidas por la oposición empezaron a sentirse en diferentes puntos del país. Así, con el 80 por ciento de las actas escrutadas y con una tendencia irreversible, el candidato del PSUV ganaba las elecciones.

Vale destacar que esa misma noche o madrugada, el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue hackeado desde Macedonia del Norte -la derecha golpista y sus mandantes de Estados Unidos cuentan con recursos globales-, lo que trabó el sistema de transmisión de datos.

También fueron blanco de ataques las Oficinas Regionales Electorales, Centros de Votación y Centros de Transmisión de Contingencia.

En poco tiempo, los “comanditos” de la ultraderecha opositora, como los bautizó Maduro, apedrearon comercios, cometieron linchamientos, quemaron una sede del PSUV y tumbaron estatuas de Hugo Chávez y del legendario Indio Guaicaipuro, entre otras formas de acción directa.

El mismo lunes 29, tanto la oposición como el oficialismo, convocaron a movilizarse y la disputa pasó por quién controlaba las calles.

Fuera de Venezuela, la operación consistió en reclamar la presentación de las actas con los resultados por parte de las autoridades electorales, mientras la campaña mediática se encargaba de ocultar que éstas (la CNE) cuentan por lo menos con un mes para hacerlo.

También, ese día en el acto de proclamación de Maduro como presidente electo para el mandato 2025-2031 celebrado en la sede del CNE, el mandatario denunció: “Se está intentando en Venezuela un golpe de Estado de carácter fascista» y en ese sentido alertó: “Si Venezuela cayera toda la América se llenaría de violencia. Venezuela ha sido la contención al fascismo”.

El triste papel que Washington hizo jugar al presidente y al ex presidente de Argentina, Javier Milei y Mauricio Macri respectivamente, quienes llamaron a las fuerzas armadas a provocar un golpe de Estado, coincide con que, en la misma semana, los diputados del oficialismo en Buenos Aires, los fascistas que se hacen llamar “libertarios” visitaron a un grupo de militares y civiles genocidas encarcelados por comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Estados Unidos inicialmente rechazó el resultado oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela y, sin esperar la publicación de las actas ni el recuento de votos, declaró como ganador a Edmundo González, en un claro acto de injerencia a las que estamos acostumbrados.

La derecha continental buscó nuevamente el desarrollo de un plan de saqueo, similar al que ocurrió con la bochornosa proclamación de Juan Guaidó como “presidente” ilegal en 2019, que incluyó ceder la representación diplomática y los activos financieros de Venezuela en el extranjero.

Esto incluyó la apropiación de las reservas de oro, 31 toneladas depositadas en el Reino Unido por el Banco Central de Venezuela, bajo el argumento de que Guaidó tenía la representación legal legítima del país.

Estos enormes y multimillonarios recursos nunca fueron devueltos, verdaderos actos de piratería del siglo XXI, que González Urrutia y su asesora, María Corina Machado, pretenden seguir llevando a cabo, supuestamente en nombre de la democracia.

Un nuevo episodio de realismo mágico ocurrió el viernes pasado, cuando los diez candidatos a presidentes debían presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para entregar las actas que cada partido poseía.

El único aspirante a la presidencia que no llegó hasta allí fue justamente González Urrutia, quien repetía hasta el cansancio que estaba muy preocupado por la suerte de las actas.