De hecho, el reporte recuerda que la federación “Viv Ansanm”, formada en febrero de 2024 por las dos principales coaliciones de pandillas, el G9 y el G-Pèp, ha intensificado los ataques coordinados en Puerto Príncipe.
“La infraestructura esencial, como puertos, aeropuertos y comisarías de policía, son atacados periódicamente, paralizando la economía y hundiendo al país en una crisis humanitaria. La fuga de más de 4.600 reclusos en marzo, tras ataques a las dos cárceles más grandes del país, amplificó la inseguridad”, dice.
El Panel destacó que la inseguridad llevó al Primer Ministro Ariel Henry a anunciar su renuncia en marzo de 2024, durante una reunión con la Comunidad del Caribe (CARICOM), allanando el camino para una política de transición.
“A pesar de los esfuerzos por restablecer el orden, las pandillas todavía controlan alrededor del 85% de la capital haitiana, impidiendo la celebración de elecciones y obstaculizando los servicios policiales y judiciales, especialmente en los departamentos de Artibonite Oeste y Este. La situación está empujando a algunos barrios a formar grupos de autodefensa, lo que ha provocado un aumento de ejecuciones extrajudiciales y linchamientos”, indican los expertos, precisando que la circulación de armas pesadas dificulta la tarea de aplicación de la ley.
También destacan la implicación de civiles y entidades privadas en la compra ilícita de armas, empeorando la situación de seguridad.
Además, enfatizan la urgencia de una acción concertada y el fortalecimiento de las instituciones haitianas para contrarrestar la creciente violencia. Dicen que el nuevo gobierno de transición y la misión internacional son esenciales para estabilizar el país.
Sin embargo, la decidida oposición de las pandillas complica la situación. Por lo tanto, Haití debe contar con la colaboración internacional para restablecer la autoridad del Estado y esperar un retorno a la paz, añaden.
Ante esta crisis, el grupo de expertos propone varias medidas al Consejo de Seguridad de la ONU y a los Estados miembros. Se recomienda fortalecer el embargo de armas y colaborar con Haití para mejorar la seguridad fronteriza y contrarrestar el tráfico transnacional y enfatiza la necesidad de programas de desarme y reintegración para los pandilleros y de un mayor apoyo a la Policía Nacional de Haití.
Además, pide a los Estados miembros que financien la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para extenderla más allá de Puerto Príncipe, particularmente en zonas rurales como Artibonite.
Al mismo tiempo, se alientan las medidas para combatir el blanqueo de dinero y los flujos financieros ilícitos.