La secretaria general del partido español Podemos, Ione Belarra, y la senadora colombiana Clara López Obregón están entre los firmantes de la misiva coordinada por la organización Internacional Progresista, que califica esa designación de “cruel, cínica y una clara violación de la legislación internacional”.
Los políticos piden que el presidente estadounidense, Joe Biden, retire a Cuba de ese listado, tal como hizo en 2015 su colega Barak Obama, una decisión que luego revirtió en 2021 el republicano Donald Trump.
La inclusión en esa categoría, que La Habana denunció nuevamente en mayo, al ser retirada de una lista de “naciones que no cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo”, conlleva sanciones económicas que restringen el acceso a alimentos y medicinas, señalan los parlamentarios en la misiva.
Los signatarios recuerdan que, de acuerdo con la ONU, la designación socava “derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo”.
Denuncian que “es cruel, porque está diseñada para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba, estrangulando su economía, desplazando a sus familias y restringiendo el flujo de ayuda humanitaria”.
La calificación es además ilegal porque, según Naciones Unidas, socava “el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los mismos y el principio de solución pacífica de las disputas internacionales”.
Otros firmantes de la carta abierta son la secretaria general del partido mexicano Morena, Citlalli Hernández; la diputada brasileña Célia Xakriabá; el primer vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Hugo Noé Pino; la ecuatoriana Jahiren Noriega; el diputado francés Arnaud Le Gall; el líder del partido alemán La Izquierda Martin Schirdewany y el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.
Una designación unilateral, contraria a derecho y que castiga al pueblo cubano
A finales de julio pasado, tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU advirtieron que la redesignación de Cuba en la categoría de Estados que patrocinan el terrorismo impide al país su capacidad de satisfacer las necesidades de la población.
Tras solicitar al Gobierno de EEUU que retire a Cuba de la lista, los expertos advirtieron que esa designación unilateral contraviene los principios fundamentales del derecho internacional y tiene un efecto humanitario grave.
Según los relatores, la redesignación supuso una serie de prohibiciones económicas y financieras adicionales con efectos adversos agravados sobre la capacidad del país para satisfacer las necesidades de su población en un momento crítico en el que Cuba enfrenta serios desafíos económicos.
“Esas restricciones comerciales adicionales ampliaron la lista de artículos prohibidos e implicaron la suspensión de la asistencia financiera y técnica estadounidense; la oposición activa de Estados Unidos al otorgamiento de préstamos a Cuba por parte de instituciones financieras internacionales, y las posibles amenazas de interrupción de la asistencia a otros países que brindaran ayuda a Cuba”, dijeron.
Además, “se han sumado a los desafíos que ya ha enfrentado el pueblo cubano durante los últimos tres o cuatro años y a las perturbaciones debidas a la pandemia de Covid-19, los desastres naturales y los acontecimientos económicos y financieros que han afectado a las cadenas de suministro mundiales y los precios de los productos básicos y la energía”.
La redesignación, dijeron los relatores de la ONU, ha exacerbado, además, la incertidumbre y el miedo entre los países, las empresas y otras partes interesadas en mantener o desarrollar el comercio u otras relaciones con Cuba, forzando así el cumplimiento de las restricciones.
“Esta coerción ha tenido un impacto humanitario grave “que abarca la asistencia humanitaria y para el desarrollo, y la disponibilidad de bienes esenciales, como alimentos y medicamentos”, dijeron.
También señalaron “el aumento de la inseguridad alimentaria a causa de la inflación de los precios de la comida y la contracción de la producción agrícola resultados de la escasez de combustible y las restricciones a las importaciones de maquinaria agrícola, productos químicos, alimentos para animales y repuestos”.
“La redesignación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo ha complicado aún más los ya complejos procedimientos de concesión de licencias para la exportación de medicamentos y equipos médicos al país, provocando una escasez que afecta a todos los sectores de la salud prioritarios, entre ellos las enfermedades cardiovasculares, la oncología pediátrica, la oncología, la obstetricia y la ginecología”, recordaron.
Según los expertos independientes, la calificación unilateral de Cuba “es contraria a los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos el principio de igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos de los Estados y la solución pacífica de las disputas internacionales”.