Esta legislación también clasifica el feminicidio en un artículo separado, dejando de ser considerado una modalidad de homicidio cualificado. Las penas, que antes oscilaban entre 12 y 30 años de prisión, ahora van de 20 a 40 años.

   Tras la aprobación de la ley, Lula se pronunció en las redes sociales: «Hemos dado un paso más en la lucha contra el feminicidio en Brasil. Junto a la ministra Cida Gonçalves, firmé un proyecto de ley que eleva las penas por feminicidio, estableciendo un mínimo de 20 años, con la posibilidad de llegar a 40, además de aumentar las sanciones por otros delitos cometidos contra mujeres. Nuestro gobierno está comprometido con la Movilización Nacional por el Femicidio Cero».

   La nueva norma también clasifica el feminicidio como un crimen atroz, añadiendo agravantes que pueden incrementar la pena del culpable. Estas agravantes incluyen el uso de veneno, tortura u otros métodos crueles; emboscadas o situaciones que impidan la defensa de la víctima; y el uso de armas de fuego restringidas o prohibidas.

   Además, la ley endurece las penas para quienes violen medidas cautelares, aumentando el castigo de entre 3 meses y 2 años de prisión, a entre 2 y 5 años, además de una multa.

   Entre otras novedades, se establece la posibilidad de trasladar a un reo en prisión preventiva por delitos de violencia doméstica o familiar, en caso de que existan amenazas. Si el agresor continúa intimidando o cometiendo nuevos actos de violencia contra la víctima o sus familiares mientras cumple su condena, será transferido a una cárcel alejada de la residencia de la víctima.

   La propuesta de cambios en el Código Penal se originó en el Senado, donde fue aprobada antes de ser enviada a la Cámara de Representantes. En septiembre, la Cámara de Diputados dio su visto bueno al texto, que luego fue remitido al presidente Lula para su sanción final.