Tegucigalpa (Prensa Latina) La audiencia contra tres generales retirados imputados por la Justicia hondureña como autores intelectuales de los delitos de homicidio y lesiones graves, tras liderar el golpe de Estado de 2009, se reanudó en Tegucigalpa.
El proceso avanza contra Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, presuntos responsables del homicidio a manos de militares de un manifestante, días después de la asonada contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya.
En la sesión debe resolverse si son absueltos o si se sigue adelante con el caso contra los acusados, quienes están detenidos desde el pasado domingo.
El Ministerio Público (Fiscalía) de este país centroamericano presentó un requerimiento fiscal contra Vásquez, Cervantes y Puerto por “suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves” contra Isy Murillo y Alex Zavala.
En su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, Vásquez encabezó el 28 de junio de 2009 el golpe de Estado contra Zelaya (2006-2009).
Los otros dos ex altos cargos arrestados por las fuerzas de seguridad fueron el antiguo subjefe del EMC (Cervantes) y el excomandante del Comando Conjunto de Operaciones (Puerto).
Murillo perdió la vida tras recibir una bala en la cabeza cuando participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto capitalino de Toncontín, mientras que Zavala sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos del Ejército.
Los manifestantes aguardaban el regreso de Zelaya desde Nicaragua, luego de ser sacado a punta de pistola de su casa en la capital en la madrugada del 28 de junio de 2009 por unos 200 militares que lo esposaron y llevaron al aeropuerto, donde lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica.
Días después estaba prevista su vuelta a Honduras, cuando elementos de las Fuerzas Armadas actuaron de manera desproporcionada y dispararon a los manifestantes con fusiles M16, precisó el Ministerio Público en su requerimiento.
“Las actuaciones de los militares fueron brutalmente indiscriminadas con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían (el 5 de julio de 2009) el derecho a manifestarse pacíficamente”, subrayó la Fiscalía.
“Dichas acciones no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales”, añadió el texto.
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