En un comunicado divulgado en esta capital, ese foro político y académico integrado por políticos y expertos progresistas, consideró que la administración norteña incurre en expulsiones en condiciones denigrantes y estigmatizantes que desconocen obligaciones jurídicas suscritas por ese país como el Estatuto de Refugiados de 1951, que garantizan derechos humanos como el trabajo, la educación y la libre movilidad de los ciudadanos.

«América Latina y el Caribe no pueden convertirse en una zona donde la migración se instrumentaliza en pro de nacionalismos anacrónicos», apuntó el documento.

Condenó además las sanciones unilaterales contra Colombia anunciadas por el presidente Donald Trump, con el evidente propósito de mostrar un caso «ejemplarizante» a las naciones de la región «que no se solidaricen con la política xenofóbica e ilegal que viene adelantando contra los migrantes latinoamericanos persiguiéndolos como criminales».

Este último pronunciamiento hace mención a las tensiones desatadas entre el país neogranadino y la administración estadounidense, tras la inadmisión del primero de dos vuelos militares con deportados desde el territorio norteño.

Según explicó el mandatario, Gustavo Petro, la negativa respondió a lo que el estimó era un trato inhumano hacia los migrantes y por lo cual más tarde dispuso del avión presidencial para garantizar un retorno digno a la patria de sus connacionales.

El Grupo de Puebla convocó asimismo a las voces progresistas de la región a trabajar unidos para evitar el contenido regresivo de la nueva política exterior norteamericana resumida en la frase del presidente Trump: «Estados Unidos no necesita a América Latina».

Añadió que apoya la convocatoria de una Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para refrendar el repudio al tratamiento inhumano e ilegal de los migrantes latinoamericanos y a las pretensiones imperialistas sobre el Canal de Panamá y Canadá.

También consideró que es preciso que esa organización exprese su rechazo a la utilización de sanciones económicas unilaterales para imponer condiciones ideológicas, a la renuncia a los compromisos relacionados con el cambio climático y a las medidas contra la soberanía de América Latina y el Caribe por razones de seguridad doméstica de Estados Unidos.

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