Por Pamela Hernández Cabiya

La Resolución del Senado 46, fue radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Muñiz Varela era ciudadano cubano y activista a favor de los viajes del exilio cubano y Mari Pesquera, mejor conocido como el hijo del líder socialista, Juan Mari Brás, fueron asesinados en 1979 y 1976 respectivamente.

La muerte de Muñiz Varela fue en Guaynabo. Su agencia de viajes facilitaba los viajes de cubanos exiliados a la isla en un momento en que esa interacción era objeto de controversia política y enfrentaba una fuerte oposición de sectores radicales del exilio cubano.

Mientras, Mari Pesquera fue asesinado cuando apenas tenía 23 años y se alega que no fue un crimen común, sino que fue un asesinato con trasfondo político por la persecución que existía en este momento con los movimientos independentistas en Puerto Rico.

Ambos asesinatos ocurrieron en un periodo donde según la exposición de motivos de la Resolución del Senado 46, la CIA y el FBI mantenían una vigilancia activa sobre el movimiento independentista puertorriqueño y sobre cualquier otro sector que cuestionara las políticas del gobierno federal en la isla.

La resolución establece, además, que los documentos de los casos que fueron descalificados revelaban que el FBI tenía conocimiento de las amenazas contra Muñiz Varela, así como información que vincula a organizaciones de exiliados cubanos con su muerte.

Hasta la fecha, no se ha permitido el acceso a todos los documentos que pudieran esclarecer su muerte y determinar la identidad de todos los responsables.

La exposición de motivos también explica que existió el programa CHAOS en el que la CIA investigaba vínculos internacionales del movimiento independentista de Puerto Rico y que los documentos levantan las sospechas de que agencias federales estaban al tanto de la represión y los actos de violencia que se cometían contra varios sectores en la isla.

“Ante la persistencia de impunidad en estos casos y la existencia de documentos aún clasificados, diversas figuras del ámbito político y social han reclamado transparencia y acceso a la información que pudiera esclarecer la verdad”, reza la resolución.

Esta solicitud también se suma a esfuerzos de congresistas como Joaquín Castro y Jimmy Gómez, quienes el año pasado lograron la divulgación de documentos que confirmaban la vigilancia de la CIA sobre el movimiento independentista puertorriqueño.

“El acceso a estos documentos es crucial para la transparencia y la justicia, y representa un paso fundamental para cerrar un capítulo doloroso en la historia de Puerto Rico. la impunidad de estos crímenes ha afectado no solo las familias de las víctimas, sino también la confianza del pueblo puertorriqueño en sus instituciones de justicia. La falta de acción para esclarecer estos casos perpetúa un clima de incertidumbre e injusticia que no puede seguir siendo tolerado”, apunta la medida.

La Resolución del Senado 46 fue aprobada con 25 votos a favor y cero en contra.Ahora el Senado enviará una copia en inglés de la Resolución a la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al FBI, a la CIA y al Departamento de Justicia.