De acuerdo con juristas, expertos en estas materias e instituciones de derechos humanos, esto se ubica en el ámbito de la impunidad, un sobreseimiento y no cumplimiento del Estado de Chile a sus deberes en esta materia.

Se trataría de otro caso en que las violaciones a los derechos humanos y civiles, la violencia indebida ejercida por agentes del Estado, queda sin investigación y menos con procesamientos y condenas. Otra situación que pone en tela de juicio al Poder Judicial chileno que, por lo demás, vive decenas de casos de jueces, fiscales y funcionarios procesados por irregularidades y delitos, sobre todo relacionado con corrupción y tráfico de influencias.

¿Qué decirles a los miles de víctimas de esas violaciones? ¿Qué decirles a las y los ciudadanos respecto al funcionamiento del Ministerio Público?

A todo eso se agrega el mutismo de medios de prensa convencionales, de legisladoras y legisladores de todos los ámbitos políticos, de partidos políticos, de autoridades de Gobierno, lo que se suma a la situación de frustración y enojo por este caso.

Esto se produce cuando está en desarrollo el Plan de Búsqueda que, de inicio, trae a la memoria colectiva que en este país aún no se hallan los restos ni se sabe la verdad respecto a más de mil detenidas y detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Este es un asunto en el cual se están esperando resultados y hay advertencias en cuanto a que no vaya a ser otro caso de frustración ciudadana, de los familiares de las víctimas, y de falla del Estado.

No debería olvidarse que durante el período posdictadura se produjeron desapariciones y asesinatos de jóvenes e indígenas, y que hoy el país está frente al caso de la desaparición de la activista mapuche Julia ChuñilCatricura.

También que sigue pendiente lo relacionado con los llamados protocolos y procedimientos de fuerzas policiales frente a movilizaciones sociales, con sus herramientas para operativos, ahora con el debate del uso de “pistolas taser” y situaciones sensibles como órdenes de desalojo de campamentos donde viven miles de familias.

Hay una situación en el país que debería llevar, sobre todo al movimiento social, a instancias de la sociedad civil, y a fuerzas progresistas y de izquierda, a no debilitar la lucha por la promoción y la defensa de los derechos humanos, no sólo por una cuestión de principio, sino porque hay una realidad dramática y evidente de incumplimientos y violaciones en esta materia.