Por Salim Djellab
Según ellos, el Polisario es una “milicia marxista” presuntamente apoyada por Irán, Hezbolá y Rusia, y desestabiliza a Marruecos, un aliado estratégico de larga data de Estados Unidos.
Su acusación carece de fundamento y tiene motivaciones políticas. Desde 1979, las Naciones Unidas reconocen al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui (Resolución 34/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
Administra las zonas liberadas del Sáhara Occidental y aboga por la aplicación del derecho a la autodeterminación, consagrado en la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas.
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según el derecho internacional.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión consultiva del 16 de octubre de 1975, rechazó explícitamente la reivindicación de soberanía histórica de Marruecos sobre el territorio saharaui.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencias de 2021 y 2024 (C-778/21 P y C-798/21 P), reafirmó que el Sáhara Occidental es un territorio “distinto y separado” de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte a dicho territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal. No se cumplen los criterios legales para la designación de OET.
Según la legislación estadounidense (Código de los Estados Unidos, Título 8, §1189), deben cumplirse tres condiciones:
– La organización debe ser extranjera;
– Debe participar en actividades terroristas (ataques contra civiles);
– Debe amenazar la seguridad nacional o a ciudadanos estadounidenses.
El Frente Polisario nunca ha atacado a civiles ni a ciudadanos estadounidenses. Sus operaciones se dirigen exclusivamente contra las fuerzas militares marroquíes en el marco de un conflicto armado reconocido por la ONU.
Una herramienta diplomática al servicio de los intereses marroquíes e israelíes.
Este proyecto de ley forma parte de una agresiva campaña de cabildeo del régimen marroquí en Estados Unidos, especialmente desde que el expresidente Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020 a cambio de la normalización de las relaciones entre Marruecos y Israel en virtud de los polémicos Acuerdos de Abraham.
La narrativa del “eje Irán-Hezbolá-Polisario” es completamente inventada: una táctica de propaganda geopolítica destinada a asociar al Frente Polisario con adversarios regionales de EEUU, a pesar de la falta de información de inteligencia creíble o confirmación oficial por parte de las agencias de seguridad estadounidenses.
Jurídicamente incoherente: El proyecto de ley contradice las posturas históricas de la ONU y los principios del derecho internacional.
Diplomáticamente contraproducente: Socavaría aún más la credibilidad de Estados Unidos como mediador neutral en los conflictos de descolonización, incluso en Palestina.
Esta iniciativa legislativa es jurídicamente insostenible y políticamente imprudente. Se basa en acusaciones falsas, contradice el derecho internacional y contribuye a una estrategia más amplia de criminalización de un movimiento de liberación nacional reconocido por la ONU. Representa un nuevo intento de colonialismo legal, diseñado para deslegitimar el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Además, los promotores de este proyecto de ley representan una pequeña minoría en el Congreso. Su iniciativa marginal no refleja ni la postura oficial del gobierno estadounidense ni la de la comunidad internacional en general.
