La declaración fue enviada al ministro Alexandre de Moraes y forma parte de los alegatos finales, última fase antes del juicio de los acusados, que debe ocurrir en septiembre de este año.

    En el documento de 517 páginas, el procurador general Paulo Gonet sostiene que Bolsonaro y los demás acusados deben ser condenados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza y deterioro del patrimonio catalogado .

   Las penas máximas por los delitos superan los 30 años de prisión. Además de Bolsonaro, la PGR solicitó la condena de los siguientes acusados :

   Walter Braga Netto, general del Ejército, exministro y vicepresidente de Bolsonaro en la lista electoral de 2022;

   General Augusto Heleno, ex Ministro del Gabinete de Seguridad Institucional;

   Alexandre Ramagem, ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia – Abin;

   Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal;

   Almir Garnier, ex comandante de la Armada;

Paulo Sérgio Nogueira, general del Ejército y ex Ministro de Defensa;

Mauro Cid, denunciante y ex asesor de Bolsonaro. De ser declarado culpable, Cid tendrá su sentencia suspendida debido al acuerdo de culpabilidad firmado con la Policía Federal (PF) durante las investigaciones.

   En su manifestación, el fiscal general describió el papel del expresidente Jair Bolsonaro en el intento de golpe.

    Según él, Bolsonaro es el líder de la organización criminal y fue el “principal organizador y mayor beneficiario” de las acciones para intentar implementar un golpe de Estado en el país en 2022.

    En palabras de Gonet, el expresidente instrumentalizó el aparato estatal y operó en un “esquema persistente” de ataque a las instituciones públicas y al proceso de sucesión tras los resultados de las elecciones presidenciales.

    “Con el apoyo de altos funcionarios gubernamentales y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas, movilizó sistemáticamente agentes, recursos y poderes estatales, sin atender al interés público, para propagar narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias”, afirmó el fiscal.

   Con la presentación del comunicado de la PGR, se inicia el plazo de 15 días para que la defensa de Mauro Cid, denunciante de la investigación, presente sus argumentos finales ante el STF. Luego, será el turno de las defensas de los imputados de presentar sus alegatos dentro del mismo plazo. Recibidas todas las declaraciones, la Sala Primera del Tribunal fijará la fecha del juicio.

   Entre bastidores en el STF, la expectativa es que el juicio se realice en septiembre de este año.