Por Paulo Cannabrava Filho

   El plazo para que la defensa termine sus alegatos finales terminó el 13 de agosto. Al día siguiente, el ministro Alexandre de Moraes dio a conocer el caso para ser juzgado. Ahora le toca al ministro Cristiano Zanin, presidente del Primer Panel, programar la fecha.

   Todos los acusados se declaran no culpables. Bolsonaro. Braga Netto. Augusto Heleno. Paulo Sergio Nogueira. Todos acusan a Moraes de parcialidad.

   Pero no es sólo eso. El gobierno de Bolsonaro ha sido profundamente militarizado. Generales en todos los puestos estratégicos. De la Planalto a los ministerios, desde la Oficina de Seguridad Institucional hasta las Fuerzas Armadas. La presencia militar no sólo garantizó la disciplina: sirvió, en muchos casos, para consolidar los intereses políticos y presionar a los opositores. Ahora estos mismos generales responden a la justicia. La lección es clara: las posiciones estratégicas no confieren inmunidad.

   El golpe del 8 de enero no fue un error aislado. Fue un intento explícito de intimidación. Imponer voluntades por la violencia. Desafiar la Constitución y el Estado de Derecho. Fue el momento en que sectores del gobierno pensaban que podía convertir al país en un territorio de chantaje y presión, creyendo que el poder les daba prerrogativas para actuar por encima de la ley.

   Es importante destacar, como señaló el ministro Moraes, que se han cumplido todos los pasos. Se han respetado todas las etapas del procedimiento, incluido el pleno derecho de defensa de los implicados. No se atropelló nada. Ni la acusación, ni la defensa. El proceso pasó por la legalidad, con todas las oportunidades de manifestación garantizadas a todos los acusados.

   Este juicio es, sobre todo, una prueba de la democracia brasileña. Muestra si la Justicia puede actuar imparcialmente, incluso ante aquellos que ostentaban los más altos cargos de poder. Aquellos que han utilizado estructuras públicas para sus propios propósitos necesitan saber: no hay escudo que sobreviva a la ley.

   Pero hay otro punto crucial: el juicio también es simbólico. Reafirma que la democracia no se sostiene sólo con discursos o promesas. El estado de derecho debe imponerse ante cualquier intento de intimidación. La impunidad no puede ser el premio de quienes recurren a la violencia. La justicia laboral es un fortalecimiento de la sociedad.

   Brasil está bajo prueba. No se trata sólo de juzgar actos individuales. Se trata de reafirmar los principios. El chantaje de la fuerza no prevalece. La democracia se resiste. El estado de derecho se mantiene.

   Este juicio será recordado. Como medida de la madurez política e institucional del país. Como prueba de la capacidad de las instituciones para defender la democracia, incluso cuando se veía amenazada por quienes alguna vez ocuparon los lugares más altos de poder. Y, sobre todo, como demostración de que la ley, cuando se aplica con rigor e imparcialidad, respetando todas las fases, incluida la defensa de los acusados, no sólo protege a los ciudadanos, sino a toda la democracia brasileña.