Además ha impuesto aranceles específicos a los principales socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China.

Pero estos derechos de aduana, un pilar clave de su política comercial «Estados Unidos Primero», fueron impugnados rápidamente ante la justicia.

Un tribunal falló en mayo que Trump excedió su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación de su gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor.

Luego, un tribunal de apelaciones federal falló 7-4 en agosto que los gravámenes eran ilegales. Esto confirmó la decisión del tribunal inferior, lo que llevó a Trump a presentar la disputa a la Corte Suprema.

La decisión del máximo tribunal de la nación tendrá importantes repercusiones, pero la sentencia podría demorarse meses.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, podría considerar los aranceles ilegales, puesto que son prerrogativa del Congreso.

O los jueces podrían considerar válidas las demandas de Trump, quien considera que esa política de represalias comerciales es una herramienta esencial de sus poderes presidenciales.

En juego están por otro lado miles de millones de dólares en ingresos aduaneros que el gobierno ya ha recaudado.

El fallo de la Corte Suprema dejará de todas maneras fuera de su alcance los aranceles específicos por sector que impuso Trump, incluidos los del acero, aluminio y automóviles.

Amenaza existencial

Los especialistas presagiaban un gran impacto de los aranceles en la inflación que no se ha materializado. Pero las empresas, especialmente las pequeñas, dicen que están soportando la mayor parte de los costos adicionales.

«Estos aranceles amenazan la propia existencia de pequeñas empresas como la mía, dificultan la supervivencia, por no hablar del crecimiento», declaró a la prensa Victor Schwartz, uno de los demandantes, antes de la apertura de las audiencias.

«Me sorprendió que aquellos con mucho más poder y dinero no dieran un paso adelante», agregó Schwartz, fundador de una empresa familiar de importación de vinos en Nueva York llamada VOS Selections.

Otro empresario con sede en Nueva York, Mike Gracie, que importa papel de decoración pintado a mano de China, dijo que los altos aranceles de Trump significaron «cientos de miles de dólares» en nuevos costos.

Cuando Washington y Pekín iniciaron la batalla de aranceles en abril, los derechos de aduana estadounidenses se dispararon al 145%, una factura adicional que Gracie tuvo que absorber.

«No queríamos arriesgar nuestro negocio subiendo precios», dijo a AFP. «Pero no podemos seguir absorbiéndolos indefinidamente».

Kent Smetters, de la Universidad de Pensilvania, señaló que el 40% de las importaciones estadounidenses son bienes intermedios, lo que significa que no son para consumidores minoristas, y advirtió que mantener los aranceles significa que las empresas estadounidenses «se vuelven menos competitivas».

Posibles resultados

En opinión de Ryan Majerus, un ex alto funcionario comercial de Estados Unidos, la Corte Suprema podría finalmente validar la política arancelaria de Trump, pero con ciertas limitaciones.

Los magistrados podrían fallar de forma diferencial en función de los aranceles «recíprocos», que buscan reducir brechas comerciales, y otros derechos aduaneros que son más bien herramientas de sanción, por ejemplo para combatir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, agregó Majerus, actualmente socio del bufete de abogados King&Spalding.

Incluso si el máximo tribunal considerara ilegales todos los aranceles de Trump, la administración podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15% durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio, dijo Majerus.

Esa Sección 301 permite a Washington responder a conductas consideradas injustas.

Majerus estima que los socios que han negociado acuerdos de aranceles con Trump preferirán mantener esos términos en lugar de reabrir negociaciones.

Más allá de los acuerdos, Smetters dijo que el caso tiene implicaciones más amplias.

«Si la Corte permite que esto ocurra, entonces la pregunta es, ¿qué más puede hacer la administración sin la aprobación del Congreso?», señaló la académica.