La medida, dictada por la Administración Federal de Aviación (FAA), tiene como objetivo aliviar la carga sobre los controladores aéreos, quienes, por ley, deben continuar trabajando a pesar de no recibir sus salarios debido a la paralización de fondos federales. La orden de emergencia afecta inicialmente a los vuelos nacionales que despegan desde aproximadamente 40 de los principales aeropuertos.

Este caos se deriva directamente del cierre parcial del gobierno que comenzó el 1 de octubre, después de que republicanos y demócratas en el Congreso no lograran un consenso para aprobar la ley de gastos del presidente Donald Trump.

El impacto ha sido una reacción en cadena: una gran cantidad de instituciones públicas se han quedado sin fondos para operar, lo que ha provocado despidos temporales, suspensiones y el cese de operaciones en oficinas federales que no pueden pagar a sus empleados.

En los aeropuertos, la crónica escasez de controladores aéreos en el país se ha visto significativamente agravada. Reportes indican que algunos de estos trabajadores esenciales han comenzado a reportarse enfermos o han buscado segundos empleos para cubrir sus gastos mientras continúan realizando su trabajo de alta responsabilidad sin percibir ingresos.

Entre cancelaciones y retrasos de 4 horas

La emergencia se hizo evidente en las pantallas de salidas de terminales en todo el país. En el aeropuerto Washington Reagan, por ejemplo, se acumulaban las alertas rojas de cancelación.

La reducción de vuelos está diseñada para aplicarse de forma escalonada. Este viernes se inició con un recorte del 4% en los vuelos internos, pero la cifra se incrementará hasta un 10% para finales de la próxima semana. Las advertencias desde el gobierno son cada vez más graves. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que los recortes podrían subir hasta 15% o 20% “si el cierre del gobierno no termina relativamente pronto”.

Durante la tarde de este viernes, más de 1 000 vuelos habían sido cancelados y otros 4 130 sufrían retrasos en rutas dentro, con destino o salida de Estados Unidos. En el Aeropuerto Reagan de Washington D.C., el retraso promedio de los vuelos era de 4 horas, un testimonio de la disrupción generalizada.

En respuesta, las aerolíneas están implementando políticas flexibles para los pasajeros afectados. Varias compañías están ofreciendo reembolsos incluso para aquellos cuyos vuelos no han sido cancelados.

En un memorando interno de United Airlines al que tuvo acceso la BBC, su director ejecutivo, Scott Kirby, indicó a los empleados que “cualquier cliente puede recibir un reembolso incluso si su vuelo no ha sido cancelado o si adquirieron billetes económicos no reembolsables”. El texto también decía que la línea aérea prescindirá de cobrar la diferencia de tarifa cuando los clientes pidan cambiar sus vuelos.

Delta Airlines está aplicando una política similar. American Airlines, por su parte, ha dicho que permitirá a los clientes cambiar de vuelo o solicitar un reembolso, sin penalidad, independientemente de si su vuelo fue cancelado o no.

Southwest Airlines anunció que aquellos clientes cuyos vuelos sean cancelados pueden solicitar un reembolso o ser asignados a otro vuelo. No obstante, la situación varía según la aerolínea. Frontier Airlines, por ejemplo, dijo que permitirá a los clientes cambiar o cancelar sus vuelos sin penalidad, pero aclaró que si los cambian tendrán que pagar la diferencia de tarifa, si la hubiera.

La incertidumbre ha llevado a consejos inusuales desde la industria. Barry Biffle, director ejecutivo de Frontier Airlines, sugirió a los clientes comprar un “billete de respaldo”, en caso de que tengan que asistir a una boda, un funeral o algún evento al que no deban faltar, una muestra de la poca fe en una resolución inmediata de la crisis.