Los expertos recuerdan que los Estados gozan de soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio, por lo que cualquier medida que intente regular, restringir o cerrar el espacio aéreo de otra nación constituye una flagrante violación del Artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago de 1944). Adicionalmente, señalaron que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado», una prohibición establecida en su Artículo 2. En este sentido, hicieron hincapié en que, a pesar de la declaración presidencial, Estados Unidos carece de autoridad legal para clausurar el espacio aéreo de otro país. Las acciones que comprometen el espacio aéreo de otra nación no solo socavan su soberanía, sino que pueden constituir una amenaza ilegal de uso de la fuerza según el derecho internacional, principios que la Corte Internacional de Justicia ya afirmó como «piedras angulares del orden jurídico internacional» en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos de 1986. Los expertos advirtieron que las medidas unilaterales que interfieren con el dominio territorial de un Estado, incluido su espacio aéreo, tienen el riesgo de minar completamente la estabilidad regional «y ya están socavando gravemente la economía de Venezuela». La declaración de Estados Unidos ha sido catalogada por los expertos como una «escalada peligrosa», que sigue a un considerable fortalecimiento militar estadounidense en el mar Caribe y otros anuncios sobre eventuales operaciones en territorio venezolano. Los expertos de la ONU señalaron que seis aerolíneas internacionales ya han decidido suspender sus rutas aéreas con destino a Caracas, capital venezolana, tras las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. La FAA señalaba una situación «potencialmente peligrosa» en el espacio aéreo venezolano, citando un «empeoramiento de la seguridad» y una «mayor actividad militar» en la zona que podría amenazar a las aeronaves que vuelan a todas las altitudes. En esta misma línea, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que la justificación de inseguridad aérea promovida por Estados Unidos sobre el país suramericano quedó completamente desmantelada. El argumento de Rodríguez se basa en la llegada, el pasado jueves 27 de noviembre, de un avión procedente de Estados Unidos al territorio venezolano. Rodríguez destacó que la materialización de este vuelo evidencia una contradicción en las advertencias emitidas por Washington la semana anterior. Este aterrizaje forma parte de la gestión de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa humanitario que sigue asistiendo a los connacionales que desean regresar a Venezuela. Por otra parte, los expertos de las Naciones Unidas condenaron los ataques militares estadounidenses frente a la costa contra presuntos narcotraficantes, acciones que han provocado la muerte de más de 80 civiles en 21 ataques perpetrados desde septiembre. Calificaron estos actos como «graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar» y demandaron que quienes participan en la orden y ejecución de estas «ejecuciones extrajudiciales» sean investigados y procesados por homicidio. Finalmente, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente a Estados Unidos para que se abstenga de tomar medidas que puedan agravar aún más la situación y para que garantice el pleno cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago y las normas del derecho internacional. Concluyeron que «no se debe repetir la larga historia de intervenciones externas en América Latina», insistiendo en que el respeto a la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de controversias son esenciales para preservar la estabilidad internacional.