Para comprender por qué las Naciones Unidas han demostrado ser tan limitadas a la hora de responder a lo que muchos consideran un ataque genocida, es necesario volver a los cimientos del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y examinar cómo su estructura ha propiciado durante mucho tiempo la impunidad en lugar de la rendición de cuentas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se acordó la arquitectura para un nuevo orden internacional basado en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional como la base normativa de un futuro pacífico. Sobre todo, su objetivo era prevenir una tercera guerra mundial.
Estos compromisos surgieron de la devastación causada por los conflictos globales, la degradación de la dignidad humana a través del Holocausto nazi y la inquietud pública sobre las armas nucleares.
Sin embargo, el imperativo político de complacer a los Estados victoriosos comprometió estos acuerdos desde el principio.
Las tensiones sobre las prioridades para el orden mundial se disimularon otorgando al Consejo de Seguridad la autoridad exclusiva para tomar decisiones y limitando aún más la autonomía de la ONU.
Cinco Estados se convirtieron en miembros permanentes, cada uno con poder de veto: Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, el Reino Unido y China.
En la práctica, esto dejó la seguridad global en gran medida en manos de estos Estados, preservando su dominio. Implicaba eliminar los intereses estratégicos de los actores geopolíticos de cualquier respeto obligatorio a las restricciones legales, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de la ONU.
La Unión Soviética tenía cierta justificación para defenderse de una mayoría de votos dominada por Occidente; sin embargo, también utilizó el veto pragmáticamente y mostró una actitud desdeñosa hacia el derecho internacional y los derechos humanos, al igual que las tres democracias liberales.
En 1945, se entendía que estos gobiernos simplemente conservaban las libertades de maniobra tradicionales ejercidas por las llamadas Grandes Potencias. El Reino Unido y Francia, miembros líderes de la OTAN en una alianza euroamericana, interpretaron el futuro a través de la perspectiva de una rivalidad emergente con la Unión Soviética. China, por su parte, estaba preocupada por una guerra civil que se prolongó hasta 1949.
Tres aspectos de este acuerdo de posguerra configuran nuestra comprensión actual.
Primero, el aspecto histórico: aprender de los fracasos de la Sociedad de Naciones, donde la ausencia de estados influyentes socavó la relevancia de la organización en cuestiones de guerra y paz.
En 1945, se consideró mejor reconocer las diferencias de poder dentro de la ONU que construir un organismo global basado en la igualdad democrática entre estados soberanos o en el tamaño de la población.
En segundo lugar, el aspecto ideológico: Los líderes políticos de los Estados más ricos y poderosos depositaron mucha más confianza en el militarismo de poder duro que en el legalismo de poder blando. Incluso el armamento nuclear fue absorbido por la lógica de la disuasión en lugar del cumplimiento del Artículo VI del Tratado de No Proliferación Nuclear, que exigía la búsqueda del desarme de buena fe. El derecho internacional se dejó de lado siempre que entraba en conflicto con los intereses geopolíticos.
En tercer lugar, el aspecto economicista: La rentabilidad de las carreras armamentísticas y las guerras reforzó un patrón de política global anárquica previo a la Segunda Guerra Mundial, sustentado por una alianza entre el realismo geopolítico, los medios de comunicación corporativos y el militarismo del sector privado.
¿Por qué la ONU no pudo proteger a Gaza?
En este contexto, no sorprende que la ONU tuviera un desempeño decepcionante durante los más de dos años de ataque genocida contra Gaza.
En muchos sentidos, la ONU cumplió con su deber durante la crisis posterior al 7 de octubre, y solo las reformas fundamentales impulsadas por el Sur Global y la sociedad civil transnacional pueden alterar esta limitación estructural. Lo que hace que estos acontecimientos sean tan inquietantes es el extremo desprecio israelí por el derecho internacional, la Carta e incluso la moral básica.
Al mismo tiempo, la ONU actuó de forma más constructiva de lo que a menudo se reconoce al exponer las flagrantes violaciones del derecho internacional y los derechos humanos por parte de Israel.
Sin embargo, no cumplió con lo legalmente posible, en particular cuando la Asamblea General no exploró su potencial autoempoderamiento a través de la resolución «Unidos por la Paz» o la norma «Responsabilidad de Proteger».
Entre las contribuciones más destacadas de la ONU se encuentran los resultados judiciales casi unánimes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre genocidio y ocupación.
En cuanto al genocidio, la CIJ accedió a la solicitud de Sudáfrica de medidas provisionales en relación con la violencia genocida y la obstrucción de la ayuda humanitaria en Gaza. Se espera una decisión final tras nuevos argumentos en 2026.
