La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que Kuczynski, de 87 años, favoreció a la empresa Odebrecht para que obtenga el contrato de construcción de dos tramos de una carretera en el norte de la Amazonia peruana.
Sostiene que el exmandatario, prohibido de salir del país desde hace varios años, usó para ello su cargo de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo del organismo promotor de inversiones, entre 2004 y 2005 para concertar la contratación con el entonces representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.
Presentó el caso la fiscal Diana Canchihuamán, del Equipo Especial investigador de la corrupción aquí de empresas brasileñas, uno de los creados para casos específicos, cuya disolución anunció ayer el polémico fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
Los hechos datan del gobierno del expresidente neoliberal Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en octubre de 2024 a 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de cohecho, colusión y tráfico de influencias, por cobrar un soborno a Odebrecht por más de 30 millones de dólares por otros proyectos viales.
Toledo es además procesado en prisión por los delitos de lavado de activos cometido al ocultar en cuentas bancarias en el exterior parte de los sobornos recibidos e introducirlos en Perú como supuestas inversiones de su suegra.
La imputación a Kuczynski se basa principalmente en el testimonio que Barata presentó ante el Poder Judicial y pide diversas penas para los coacusados empresarios o exfuncionarios Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico.
Según la fundamentación del caso, a cargo de la fiscal Liz Canchihuanán, el perjuicio causado al Estado por los delitos consignados ascendió a 108 millones 439 mil dólares.
El informe del Ministerio Público precisa que la acusación contra Kuczynski es la número 13 presentada por el Equipo Especial encargado del caso.
El acusado gobernó entre julio de 2026 y marzo de 2018, cuando se vio obligado a renunciar por un escándalo de corrupción política y poco después fue prohibido de salir del país por un caso de lavado de activos y conflicto de intereses, que sigue pendiente.
