Esta demanda, a menudo articulada en torno a la presencia de fuerzas militares extranjeras, el franco CFA o dependencias heredadas, ha sido ampliamente movilizada por las juntas para justificar sus golpes de Estado, sin resolver el déficit de soberanía efectiva que pretenden denunciar. Dicho esto, no puede reducirse a una mera manipulación ideológica. Es profundamente práctico. Las poblaciones no están rechazando la democracia como un valor; están cuestionando un modelo de gobernanza incapaz de producir seguridad, medios de vida y la dignidad que esperan.
En otras palabras, lo que está vacilando hoy no es la aspiración democrática de las sociedades africanas, sino la capacidad de los Estados para hacer que la democracia funcione como un sistema que produce resultados.
La independencia tenía una ambición de soberanía total. Pero la crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural de los años ochenta debilitaron duramente las capacidades económicas e institucionales de los Estados, dejando la soberanía económica inconclusa. Fue en este contexto que surgió el paradigma de “buena gobernanza”, elevado como condición presunta para el desarrollo a partir de finales de los años ochenta. Treinta años después, nunca se ha establecido el vínculo causal entre el cumplimiento institucional y la transformación económica.
La gobernanza se ha evaluado a través de procedimientos —elecciones, leyes, agencias— en lugar de resultados. Los Estados han aprendido a dominar el lenguaje y los rituales de la reforma sin desarrollar la capacidad real de producir efectos tangibles. Las revisiones constitucionales y los ciclos electorales huecos no son anomalías: son el resultado lógico de un sistema optimizado para la apariencia en lugar del rendimiento.
La comparación con Asia oriental muestra que el crecimiento sólo tiene un efecto duradero cuando se transforma institucionalmente en capacidades humanas. Una brecha anual aparentemente pequeña en el progreso en el Índice de Desarrollo Humano, alrededor del 1,25% en Asia Oriental frente al 1% en el África subsahariana, corresponde a un ritmo de progreso aproximadamente un 25% más alto, lo que, a través de efectos acumulativos, ha permitido que cientos de millones de personas escapen de la pobreza extrema.
Las consecuencias del desafío de África también son visibles en los sectores que más importan a los ciudadanos. Casi 600 millones de africanos todavía carecen de acceso a la electricidad, a pesar de que los mercados han sido liberalizados, los reguladores creados y los marcos legales alineados con las mejores prácticas. El problema, por lo tanto, no es la ausencia de gobernanza, sino su incapacidad para producir resultados.
Esta brecha entre la abundancia de reglas y la escasez de resultados no es exclusiva de África: ahora atraviesa muchas democracias, incluidas algunas de las más antiguas, enfrentadas a una crisis silenciosa de acción pública y credibilidad estatal.
La raíz del problema está más allá de las instituciones formales. El desarrollo depende de un espíritu operativo: un conjunto de normas compartidas, prácticas profesionales y capacidades organizativas que permiten a las instituciones funcionar de manera efectiva. La diferencia decisiva radica menos en las normas mismas que en su apropiación cognitiva.
Aquí es donde entra en juego la noción de gobierno performativo. No se refiere simplemente a la gobernanza de alto rendimiento, sino a la gobernanza cuyas reglas, normas y políticas públicas realmente producen los resultados que prometen. A diferencia de la gobernanza normativa, juzga a los estados por su capacidad para garantizar el acceso efectivo a los servicios esenciales: energía, salud, educación y a las capacidades productivas que permiten a los hogares y las empresas vivir y trabajar con dignidad.
Dicha gobernanza es performativa cuando transforma las normas en capacidades y capacidades en resultados observables. Recientemente la acción pública sobre infraestructuras invisibles —contabilización, legal, profesional, informativa y cognitiva— sin la cual las normas siguen siendo formales y el capital sigue siendo invisible.
En otras palabras, la gobernanza performativa es la ingeniería institucional a través de la cual el capital invisible, informal, latente o infravalorado, se convierte en capital operativo capaz de producir valor económico y social.
Concretamente, este tipo de gobernanza es lo que permite a una PYME tener energía confiable, acceso a la financiación productiva y reglas que son efectivamente ejecutables: reglas que aseguran contratos, hacen que la información sea confiable y permiten la ejecución real de derechos, no simplemente leyes bien escritas.
La reciente ola de golpes de Estado no debe ser idealizada. El poder militar no es una alternativa sostenible, más que los regímenes populistas o las democracias sin resultados. En todas partes, la gente no exige menos democracia, sino instituciones capaces de hacerla funcionar, es decir, de hacer efectivo el contrato social. Porque la soberanía real no se proclama; se construye a través de la capacidad diaria para producir seguridad, servicios esenciales, actividad económica y bienestar colectivo.