El archipiélago, situado al este de Australia, ha sido barrido por los disturbios, provocado por la reforma electoral impulsada por París en su antigua colonia, que se encuentra a unos 17.000 kilómetros de Francia.

   Los disturbios estallaron el 13 de mayo y hasta ahora han cobrado la vida de seis personas. Activistas indígenas canacos protestan contra la reforma constitucional que permitiría a las personas que llegaron a Nueva Caledonia después de 1998 votar en las elecciones locales. Los activistas creen que el cambio disminuiría el poder de la población indígena a favor de los colonos franceses.

   Las protestas pacíficas descendieron rápidamente a la violencia y el saqueo, que los funcionarios locales han comparado con un levantamiento armado a favor de la independencia en la década de 1980.

   Según las autoridades francesas, más de 600 gendarmes, entre ellos un centenar de agentes de una unidad antiterrorista de élite, fueron enviados para recuperar el control de la Ruta Territorial 1 de 60 kilómetros de largo y despejar los controles de carretera puestos por los manifestantes.

   El ministro del Interior, Gerald Darmain, escribió en X el domingo que la operación había sido un éxito, con más de 76 barricadas desmanteladas y 200 personas arrestadas. La carretera, sin embargo, permanece cerrada a la espera de la retirada de escombros, que podrían tardar varios días.

   El orden republicano será restablecido, cualquiera que sea el costo, dijo el alto comisionado francés en Nueva Caledonia, Louis Le Franc, en un discurso televisado el domingo. Advirtió que los alborotadores se arriesgarán a lo peor si no se echaban atrás.

   Nueva Caledonia es el hogar de 270.000 personas, con los canacos representando alrededor del 40%.

    Aunque sigue estando bajo el control francés -uno de los pocos territorios de este tipo en la era poscolonial- el archipiélago recibió cierta autonomía en 1998, cuando los derechos de voto se limitaron a los lugareños que vivían allí antes de ese año.

   Los presidentes de otros cuatro territorios franceses de ultramar, La Reunión en el Océano Indico, Guadalupe y Martinica en el Caribe, y la Guayana Francesa en Sudamérica, instaron el domingo al gobierno francés a desechar la reforma, argumentando que sólo una respuesta política puede detener la creciente violencia y prevenir una guerra civil.