Por Luciana Bertoia

Dirigentes políticos, sindicales y de organismos de derechos humanos dejaron una imagen de unidad frente a la avanzada del gobierno de Javier Milei. Horas después, la jueza María Servini decidió excarcelar a 17 de los 33 detenidos.

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) -que fueron gaseados por la Prefectura Naval Argentina (PNA)- anunciaron que el martes presentarán una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que será informada ante organismos internacionales.

La conferencia de prensa estaba pautada para las 15, pero debió comenzar antes. Myriam Bregman -que esta semana dejó su banca como diputada nacional del FIT-U-ofició de moderadora. Agradeció presencias y solidaridades múltiples. Cuando estaba arrancando, la abogada del Partido Obrero Liliana “Rayu” Alaniz le susurró que enviaban su adhesión las Madres de Plaza de Mayo Elia Espen y Mirta Baravalle.

Rápidamente, desde los otros costados sumaron los saludos de Taty Almeida, Estela de Carlotto y Vera Jarach. “Es muy bueno saber que esas mujeres que enfrentaron a la más cruel dictadura están de nuestro lado”, dijo Bregman.

Los referentes del movimiento de derechos humanos que tomaron la palabra saludaron la unión entre las distintas expresiones del campo popular. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que la unidad consolidada debía traducirse en la conformación de una coordinadora para la libertad de los presos políticos.

En el salón estaban el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti así como Guillermo Pérez Roisinblit y Miguel «Tano» Santucho -de la comisión directiva de Abuelas. Desde afuera escuchaba Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital. Carlos “Sueco” Lordkipanidse -que habló mientras tomaba por el hombro a Margarita Cruz, otra sobreviviente del terrorismo de Estado- pidió un nuevo paro general contra el gobierno de La Libertad Avanza. En la sala había referentes sindicales que escuchaban.

Los legisladores de la izquierda -como Celeste Fierro- propusieron ir hasta los tribunales de Comodoro Py para pedir que la jueza María Servini dispusiera la excarcelación de los detenidos. Hubo una comitiva que partió hacia Retiro. En la calle, cada vez se juntaba más gente. “Libertad, libertad, a los presos por luchar”, coreaban mientras dos móviles policiales estaban estacionados en la esquina de Avenida Independencia.

“La conferencia de prensa que se realizó es histórica -evaluaba Bregman mientras partía hacia los tribunales de Comodoro Py. Hacía muchísimos años que no se veía un agrupamiento tan grande, todos reclamando la necesidad de la inmediata libertad de los detenidos y la nulidad de esta causa”.

Para la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la jueza Servini tenía que leer el mensaje de fortaleza y apartarse de la política de persecución implementada por el fiscal Carlos Stornelli en sintonía con Bullrich.

En la calle estaba la exministra de Seguridad Sabina Frederic. “Hay que señalar el carácter absolutamente descabellado de la acusación de terroristas y de intento de golpe de Estado de los manifestantes del 12 de junio. Nada de lo que se vio -ni siquiera las peores imágenes- da cuenta de eso. Creo que la ministra se sube al término terrorista cada vez que le conviene para justificar un uso abusivo de la fuerza. Todo esto parece realmente un hecho de revancha por su fracaso en detener la protesta en diciembre del 2017 cuando se frenó la reforma de la ley previsional”.

Los diputados denuncian

Leopoldo Moreau fue uno de los diputados de UxP que sufrió los gases arrojados en el rostro por parte de los efectivos de la Prefectura. Bullrich justificó la exhibición de fuerza de los efectivos y dijo que los legisladores estaban cometiendo un delito por haber salido a la calle a acompañar la manifestación contra la ley Bases.

En la conferencia de prensa, Moreau anunció que el martes presentarán una denuncia contra la ministra, que será informada al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La ministra Bullrich es una mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha de la Argentina. Con el fiscal Stornelli -famoso armador de causas judiciales- están tratando que el estado de excepción se consolide a través de una causa judicial”.

“Vamos a presentar una denuncia en los tribunales federales contra Bullrich y la cadena de mandos que adoptó la decisión de gasear y apalear a los diputados pasando por encima de sus fueros”, reafirmó Moreau en diálogo con este diario.

La vía internacional

La legisladora porteña Victoria Montenegro (UxP) integró la comitiva que llegó hasta los tribunales de Comodoro Py e intentó entrevistarse -sin éxito- con Servini. “Tenemos que denunciar los abusos que están llevando a cabo tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial. Hay personajes como Stornelli que tanto daño le hacen a la justicia. Si no encontramos eco en la Argentina con esta denuncia, transitaremos el camino que nos enseñaron las Madres y las Abuelas y saldremos al mundo para decir cómo en la Argentina se vuelven a violar los derechos humanos”, afirma.

“La conferencia fue sumamente significativa acerca de la importancia de que el Poder Judicial garantice la libertad de todos los detenidos por los hechos del 12 de junio. Que todas las organizaciones hayan planteado la necesidad de recurrir a instancias internacionales también da cuenta de la trascendencia que tiene buscar mecanismos de protección”, opina Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. Su organismo ya había notificado a tres relatorías de la ONU -la de libertad de reunión pacífica, la de situación de defensores de derechos humanos y la derecho a la libertad de opinión y expresión- sobre las detenciones arbitrarias del gobierno de Javier Milei bajo la acusación de que los manifestantes buscaban perpetrar un golpe de Estado.

Un petitorio en mano

Después de la reunión en el Serpaj, referentes políticos entregaron un petitorio en el juzgado de Servini para reclamar la libertad de los detenidos. Entre los firmantes estaban Estela de Carlotto (Abuelas), Taty Almeida (Madres), el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Graciela Lois (Familiares), Tavani, Mabel Careaga (Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz), H.I.J.O.S. Capital, la Comisión Provincial por la Memoria, Iris Avellaneda (Liga Argentina por los Derechos Humanos), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el exembajador Ricardo Alfonsín y los diputados nacionales Moreau, Paula Penacca, Vanesa Siley, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Juan Marino, José Glinski, Alejandro Vilca, Blanca Osuna, Christian Castillo y Julia Strada, entre otros.