Se les imputan los delitos de coacción en el curso del proceso (art. 344 del Código Penal), obstrucción a la investigación de un delito que involucra una organización criminal (art. 2, § 1, de la Ley 12.850/13) y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho (art. 359-L del Código Penal).
Según la decisión, Bolsonaro deberá permanecer en casa entre las 19.00 y las 6.00 horas, de lunes a viernes, y en horario completo los fines de semana y festivos; ser monitoreado con una pulsera electrónica en el tobillo, no mantener contacto con embajadores o autoridades extranjeras, ni acercarse a embajadas y consulados.
Las medidas fueron solicitadas por la Policía Federal (PF), con opinión favorable de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para el ministro, la conducta de Bolsonaro y su hijo caracteriza “actos ejecutivos claros y expresos y confesiones flagrantes de la práctica de actos criminales, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción a la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y atentado a la soberanía”.
El Ministro enfatizó que las conductas delictivas ocurren a plena luz del día, en publicaciones en redes sociales y en entrevistas y declaraciones a los medios de comunicación.
La decisión incluye imágenes de publicaciones de Eduardo en la red social X y entrevistas con canales de televisión como CNN en las que el hijo del mandatario defiende el impuesto del 50% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a los productos brasileños.
Al anunciar la medida, Trump citó lo que llamó una “caza de brujas” contra Bolsonaro como una de sus justificaciones.
“Las acciones de Jair Messias Bolsonaro demuestran que el acusado actúa voluntaria y conscientemente de manera ilícita, junto con su hijo, Eduardo Nantes Bolsonaro, con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal en la sentencia AP 2.668/DF.”
La acción penal 2668 apunta a Bolsonaro y otros siete aliados, entre militares y civiles, todos acusados por la PGR de liderar un intento fallido de golpe de Estado, cuyo objetivo era mantener al expresidente en el poder incluso después de su derrota electoral.