El golpe, ocurrido hace 61 años, marcó el inicio de una dictadura de 21 encabezada por generales, durante la cual se suspendieron las elecciones directas y se restringieron tanto la libertad de expresión como la oposición política.

   «Hace 61 años, los derechos fundamentales estuvieron en peligro en Brasil. Fue el inicio de la dictadura militar, que se prolongó por 21 años. La democracia regresó con la participación del pueblo y una Asamblea Constituyente, que redactó la Constitución Federal de 1988, restableciendo las garantías, el derecho al voto y la separación de poderes, principios fundamentales del estado democrático de derecho», señala la publicación.

   El mensaje, difundido en Instagram, X y Facebook, concluye reafirmando la importancia de recordar esta fecha: «Recuerda para que nunca se repita. Hoy y siempre, celebra la democracia y la Constitución Ciudadana». Asimismo, destaca la democracia como «siempre el mejor camino».

   El año pasado, el STF dictaminó que el uso de fondos públicos para conmemorar el golpe militar de 1964 era inconstitucional. La opinión mayoritaria sostuvo que el sistema democrático establecido por la Constitución de 1988 no debe permitir iniciativas que busquen «legitimar el régimen militar», como expresó en su momento el juez Gilmar Mendes.

   El mensaje publicado por la Corte Suprema coincide con la apertura de la primera causa penal desde el fin de la dictadura que busca llevar a juicio a un expresidente. Jair Bolsonaro, junto con siete aliados, ha sido acusado por el fiscal general de intento de golpe de Estado, un plan que habría sido ejecutado entre 2021 y 2023.

   El mes pasado, el máximo tribunal decidió por unanimidad revisar su interpretación de la Ley de Amnistía, sancionada en 1979 por el general João Baptista Figueiredo, el último dictador del régimen militar.

   Los magistrados debatirán si la amnistía, en su carácter amplio e irrestricto según lo establece la ley, debe aplicarse a delitos como el secuestro y la ocultación de cadáveres.

   Esta revisión surge en el contexto de recursos judiciales relacionados con la Guerrilla de Araguaia, el mayor movimiento armado de resistencia rural contra la dictadura. El debate también involucra el caso del diputado Rubens Paiva, secuestrado y asesinado por agentes del régimen militar.