La batería de medidas incluye recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operación.

Para llevar a cabo las averiguaciones, el fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales. Esto último podría resultar clave, ya que el tweet de Milei promoviendo la criptomoneda el 14 de febrero podría arrojar datos más que relevantes para la causa. .

El congelamiento de direcciones digitales tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.

Existen también exhortos internacionales que pretenden acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. De hecho, ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.

Entre los pedidos de Taiano están los registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.

Sin embargo, hay una cuestión que debe analizarse en profundidad para entender las posibles causas y consecuencias del caso: la “pata legal” aplicable a las criptomonedas en el país. Por eso, Taiano buscará verificar si existieron irregularidades en la supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.

La jueza María Servini delegó la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. La causa avanza bajo los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal.

Milei quedó implicado en el caso luego de anunciar el 14 de febrero en su cuenta de X el lanzamiento de Viva La Libertad Project, destinado a financiar pequeños emprendimientos, según el propio Presidente sostuvo. Sin embargo, la criptomoneda asociada colapsó pocas horas después, generando pérdidas millonarias para numerosos inversores.

El escándalo tomó repercusión internacional y, en una semana, se presentaron 112 denuncias contra el presidente y su entorno. Entre los denunciantes está el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, acompañado por Jonatan Baldiviezo, Marcos Zelaya y María Eva Koutsovitis, quienes presentaron una denuncia penal en conjunto.