Artur Romeu

Director, RSF América Latina

El periodista indígena del pueblo Kichwa, conocido por su labor intercultural y comunitaria, sufrió una herida en el hombro. Este ataque ocurrió en medio del aumento de tensiones tras el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en protesta por el Decreto 126, emitido por el presidente Daniel Noboa, que introduce reformas al Reglamento de Precios de Derivados de Hidrocarburos y ha provocado un aumento en los precios del diésel.

Se han documentado violaciones a la libertad de prensa en al menos cinco provincias ecuatorianas, con incidentes que van desde el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, hasta agresiones de civiles, acoso en línea y censura administrativa. RSF y sus socios locales han registrado hasta ahora 55 periodistas atacados desde el inicio del paro nacional. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, declaró en una rueda de prensa el 13 de octubre que “cualquier incumplimiento de protocolo debe ser investigado”.

“RSF condena enérgicamente el disparo que hirió a Edison Muenala y la serie de agresiones sufridas por periodistas durante el paro nacional en Ecuador. La organización insta al presidente Daniel Noboa y a la Fiscalía General del Estado a abrir investigaciones rápidas, imparciales y transparentes para identificar y sancionar a los responsables, y garantizar que estos actos no queden impunes. Hacemos un llamado a las autoridades ecuatorianas para que garanticen medidas de protección efectivas para los periodistas —especialmente los comunitarios e indígenas— y para que reafirmen públicamente que la libertad de prensa y el derecho a la información deben respetarse incluso en tiempos de crisis y agitación social.

Ataques y censura en todo el país

Los ataques documentados por RSF y organizaciones asociadas han sido perpetrados tanto por fuerzas del Estado —incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— como por civiles o actores no identificados. Además de la agresión a Edison Muenala, los incidentes más graves incluyen un episodio violento ocurrido el 12 de octubre en la capital, Quito, cuando al menos seis periodistas fueron agredidos por agentes policiales mientras cubrían las protestas. Santiago Gil, operador de dron de Ecuavisa TV, sufrió una fractura en la mano tras ser golpeado por los oficiales, y Gabriela Mena, del canal Telesur, tuvo su teléfono móvil destruido mientras era agredida físicamente.

El 14 de octubre, en Imbabura, el vehículo del equipo de noticias del canal Tele Amazonas, conducido por la periodista Karen Haro, fue atacado con piedras mientras seguía un vehículo gubernamental que transportaba ayuda humanitaria. El 25 de septiembre, en la ciudad de Cuenca, Nicole Torres, periodista del medio digital Camaleón, fue intimidada por un coronel de la policía y posteriormente hostigada por civiles.

Además de estos ataques físicos, se han registrado ciberataques contra medios como Radio Pichincha, que reportó más de 116.000 intentos de intrusión en su sitio web, y la suspensión temporal del canal indígena TV MICC por parte del regulador nacional de radiodifusión, una medida considerada como una forma de censura administrativa.

Mecanismo de protección débil

Aunque Ecuador cuenta, desde 2023, con un mecanismo estatal de protección para periodistas, la mayoría de los casos de agresiones contra la prensa siguen sin investigarse o permanecen en la impunidad. Sin un presupuesto asignado para el período 2024-2025, el mecanismo continúa enfrentando serias dificultades de coordinación, lo que provoca demoras y deficiencias en la aplicación de las medidas de protección. Es imperativo fortalecer este mecanismo mediante la adopción de un marco legal sólido, la asignación regular de recursos presupuestarios, la conformación de un equipo técnico especializado en gestión de seguridad y la implementación de protocolos específicos de atención a periodistas en situación de vulnerabilidad.

Como integrante de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) desde principios de 2025, RSF ha trabajado junto con organizaciones aliadas en el monitoreo de casos de riesgo inminente contra la vida y la libertad de periodistas en el ejercicio de su labor.