Además, se le concedió una indemnización económica debido a su despido de la Fundación de Economía y Estadística (FEE) de Río Grande del Sul en 1977.

«Esta comisión, bajo los poderes otorgados, declara a Dilma Vana Rousseff como amnistiada política brasileña y, en nombre del Estado brasileño, le pide disculpas por las atrocidades cometidas por el Estado dictatorial contra usted, su familia, sus compañeros de lucha y, en última instancia, contra toda la sociedad brasileña», declaró la presidenta de la comisión, la fiscal federal jubilada Ana Maria Oliveira.

«También queremos agradecerle su incansable lucha por la democracia brasileña y por el pueblo brasileño», añadió Oliveira durante la sesión plenaria de la comisión en Brasilia.

Debido a sus compromisos como presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (el banco de los BRICS) en China, Rousseff no pudo asistir personalmente.

La ex presidenta presentó por primera vez su solicitud de amnistía en 2002, cuando se estableció la comisión, pero el proceso fue suspendido a su propia petición mientras ocupaba los cargos de ministra de Estado y jefa de Estado. En 2016, se reanudó el proceso y, en 2022, su solicitud fue denegada, por lo que presentó un recurso.

Rousseff fue detenida en 1970, a los 22 años de edad, siendo perseguida por su postura de crítica y oposición al régimen militar. Pasó cerca de tres años encarcelada y fue sometida a diversas investigaciones en órganos militares de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, «siempre por los mismos hechos investigados, con el propósito de prolongar su prisión», indicó Rodrigo Lentz, ponente del caso en la comisión de amnistía.

Ante la Comisión Nacional de la Verdad, la ex presidenta comentó que la tortura deja cicatrices no solo físicas. «Creo que ninguno de nosotros puede explicar plenamente las secuelas; siempre seremos diferentes», dijo, señalando que, por ser más joven, pudo soportar mejor físicamente la prisión, aunque el impacto a medio plazo es más grande.

La Comisión de Amnistía es el órgano del Estado que se encarga de analizar las solicitudes de reconocimiento y compensación económica para los ciudadanos o sus familiares que fueron perseguidos políticamente por agentes del Estado entre el 18 de septiembre de 1946 y el 5 de octubre de 1988.