En una nota conjunta, expresaron su profunda preocupación por este fracaso, que consideran un importante obstáculo para el proceso de restablecimiento del orden constitucional previsto en el marco del acuerdo del 3 de abril de 2024, que rige la actuación del Consejo Presidencial de Transición.

   Según estas organizaciones, el fracaso en la celebración del referéndum refleja la incapacidad de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades. Lo consideran un preocupante desvío de los compromisos asumidos, cuando la consulta popular debía marcar un paso esencial en el restablecimiento de la legitimidad institucional del país.

   Los firmantes también exigen explicaciones claras y públicas sobre el uso de los fondos públicos que se habían destinado a la preparación de este referéndum. Se cuestionan en particular los gastos ocasionados por el Grupo de Trabajo Constitucional y el Consejo Electoral Provisional, aunque la organización del referéndum nunca pareció realmente posible.

   Estas entidades, ya criticadas por su falta de legitimidad, están acusadas de posible mal manejo de recursos estatales. Es necesaria una evaluación independiente de los fondos gastados, y los resultados deben hacerse públicos para que todos los implicados en posibles irregularidades rindan cuentas.

   La nota también llama la atención sobre el grave deterioro de la situación de seguridad en el país. La violencia de pandillas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, los enfrentamientos mortales en el departamento de Artibonite y la creciente inseguridad en Mirebalais y Saut d’Eau se citan como evidencia del fracaso del Estado. Las organizaciones exigen la rápida implementación de un plan de seguridad nacional claro y medible, que priorice las zonas más afectadas.

   Finalmente, llaman al Consejo Presidencial de Transición y al Gobierno de la República a definir una hoja de ruta clara para la continuación del proceso de transición. Este plan debe aprender de los errores del pasado y colocar los intereses de la nación por encima de todas las demás consideraciones.

   El país ya no puede permitirse excesos, opacidad ni promesas incumplidas. Se insta a las autoridades a actuar sin demora, en consulta con las fuerzas vivas del país, para evitar hundirse aún más en la crisis actual.