El mandatario decidió dejar en suspenso la ley y propuso a independentistas y pro-franceses darse un tiempo que permita un apaciguamiento, iniciar un diálogo político y llegar a un acuerdo global sobre el tema.
Afirmó que la reforma aprobada por el Parlamento francés goza de legitimidad pero reconoció que no es posible que entre en vigor en medio de la violencia. Lamentó que no haya una visión común sobre este asunto.
Sobre el diálogo político, situó como condición previa que se levanten los piquetes y los bloqueos de vías, que supuestamente mantienen personas radicales, muy jóvenes, a quienes se vincula con el movimiento independentista.
Insistió en que si estos se levantan, podrá derogarse el estado de emergencia, que rige desde el 15 de mayo pasado.
Añadió que dicho acuerdo sería votado por los caledonios y debe incluir varios aspectos clave, entre ellos la reforma del censo electoral, un plan para que la economía local dependa menos del níquel y la cuestión de un voto de autodeterminación, aspecto que no explicó más.
Puntualizó que dentro de un mes se le presentará un informe de la situación para visualizar si ha habido avances institucionales.
Adelantó que enviará vehículos blindados y helicópteros adicionales para recuperar el orden, y que aplicarán una ayuda de emergencia y otras medidas en busca de una pronta recuperación económica.
La aprobación de la reforma por la Asamblea Nacional provocó violentos desórdenes, con decenas de negocios, comercios, empresas y otros inmuebles incendiados o vandalizados, la muerte de seis personas, cientos de heridos y más de 280 arrestos.
Los daños ascienden a 1.000 millones de euros (1.081 millones de dólares), según estimaciones de la representación local de la Cámara de Comercio e Industria.
Durante un recorrido por el centro de la capital, Numea, el presidente francés calificó las protestas como «movimiento de insurrección absolutamente inédito», al cual «nadie lo había visto venir con este nivel de organización y violencia», valoró.
La reforma del censo electoral es ampliamente deplorada entre la etnia de los canacos, con filiación independentista, quienes consideran que los afecta porque permitiría el voto a personas que residen en Nueva Caledonia hace diez años y diluiría el peso de la población autóctona en cualquier referendo.