El documento está dividido en tres fases: una inicial, dividida en dos semanas; otra relativa al establecimiento del cronograma electoral de los comicios presidenciales para el período 2025-2030, y una última correspondiente a la etapa postelectoral.

Siempre he dialogado, si el gobierno de EEUU está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo, pero con base en un punto único: «Cumplimiento de Qatar».

En esa primera semana, Venezuela manifestó su intención de proporcionar «una copia del borrador de acuerdo político negociado con la Plataforma Unitaria de Venezuela (PUV)» y anunciar públicamente «una fecha concreta para la próxima ronda de diálogo, a organizarse bajo el formato del memorando de entendimiento» suscrito entre las partes en la Ciudad de México en 2021.

Por su lado, Estados Unidos expresó su «intención» de «emitir un comunicado respaldando el anuncio del reinicio de las conversaciones», así como de «emitir licencias específicas para facilitar el pago de la deuda con PetroCaribe de Haití, Belice y República Dominicana a entidades de Venezuela y las transiciones asociadas con el Banco de Venezuela», junto con la modificación de licencias de operación para compañías petroleras y gasíferas.

Durante la segunda semana se abordaron aspectos que luego harían parte del Acuerdo de Barbados, suscrito por el Ejecutivo venezolano y la PUV en octubre de 2023, y que devino en el establecimiento del calendario electoral que rigió los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, al tiempo que la contraparte estadounidense asumió el compromiso de emitir otra licencia general, renovable cada seis meses, en el ámbito de las operaciones con gas y petróleo. Finalmente, se especificó que «tras la celebración de las elecciones presidenciales y la toma de posesión del presidente debidamente electo, EEUU desbloqueará los activos del Gobierno venezolano actualmente congelados» en ese país, amén de comprometerse a levantar «todas las sanciones/designaciones basadas en la emergencia nacional respecto a Venezuela», dejar sin efecto todas las «órdenes ejecutivas» aprobadas para esos efectos y proceder a la normalización «de las relaciones diplomáticas y consulares».