La propuesta fue planteada durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde Milei sugirió que Washington pudiera utilizar el puerto ubicado en Tierra del Fuego con fines estratégicos, tanto militares como comerciales, a cambio de que Argentina obtuviera un lugar permanente en el mecanismo internacional relacionado con la reconstrucción y supervisión del enclave palestino.
Como parte de esta estrategia, el gobierno federal anunció la intervención administrativa por 12 meses del puerto de Ushuaia, argumentando presuntas irregularidades en su manejo financiero y desvío de recursos. La medida generó un inmediato rechazo por parte del gobierno provincial.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, calificó la decisión como injustificada y anunció que recurrirá a instancias legales para revertir la intervención y defender la autonomía del puerto, al considerar que se trata de una acción que vulnera las atribuciones locales.