Mientras las potencias hegemónicas impulsan nuevas guerras extractivistas y desmantelan el derecho internacional —al omitir los tratados internacionales que prohíben de manera explícita estos artefactos explosivos—, naciones enteras sufren un alarmante repunte de civiles mutilados, lo que pone en evidencia un ecosistema global diseñado para proteger las ganancias de la industria armamentista por encima del derecho a la vida.
Las cifras y realidades ponen en relieve una contradicción en el seno de la mal llamada «comunidad internacional».
A medida que los organismos multilaterales claman por recursos para limpiar campos minados que afectan el desarrollo de los sectores más empobrecidos, potencias como Estados Unidos (EEUU) y sus aliados europeos priorizan la expansión de su maquinaria bélica a escala global.
El doble rasero de Washington en Irán
En un claro ejemplo de la vulneración del derecho internacional, desde hace más de un mes las fuerzas militares de EEUU e Israel han decidido intensificar su escalada bélica en Medio Oriente, al agredir con misiles y drones, de forma unilateral, a Irán, bajo falsos pretextos de que la República Islámica representa una supuesta “amenaza”.
Esta escalada no solo se limita a la artillería convencional. La agencia iraní Tasnim reveló que EEUU ha estado arrojando minas terrestres antitanques en diversos lugares tácticos e incluso residenciales, lo que constituye un crimen de guerra.
Esta peligrosa maniobra, ejecutada de forma clandestina cerca de bases subterráneas de misiles en la provincia de Shiraz (sur), busca supuestamente inmovilizar los transportes de los lanzadores de la nación persa, atrapándolos en sus propios túneles defensivos mediante el sembrado aéreo de minas letales.
“Estos paquetes explosivos se parecen a latas de comida preparada, son algo más grandes que las latas de atún y contienen explosivos que detonan al abrirse, causando víctimas”, escribió Tasnim en Telegram.
“Estos paquetes fueron lanzados al cielo sobre los suburbios del sur de Shiraz, especialmente en la aldea de Kafari, y lamentablemente han causado la muerte de varias personas en estas zonas”, agrega el medio.
Europa y la muerte del histórico Tratado de Ottawa
El doble discurso occidental en esta materia se hace aún más evidente al observar el desmoronamiento de los consensos internacionales en territorio europeo, pese al creciente número de víctimas.
El último informe del Landmine Monitor 2025, elaborado en colaboración con la ONU y publicado y reseñado a principios de diciembre de 2025, arroja números alarmantes.
Las muertes y lesiones por minas terrestres y restos explosivos de guerra alcanzaron de manera trágica su nivel más alto en cuatro años en 2024, empujadas principalmente por los conflictos en Siria y Myanmar, alega el reporte.
Así, se contabilizan más de 6.000 incidentes destructivos registrados tan solo el año pasado, con un saldo desgarrador de 1.945 fallecidos y 4.325 heridos de gravedad.
Lo más condenable de este escenario es que casi el 90 % de las víctimas mortales y mutiladas pertenecen directamente a la población civil marginada, y cerca de la mitad son mujeres y niños.
En lugar de redoblar los esfuerzos para erradicar este mal, los países “ricos” del Norte Global han decidido retroceder en los avances alcanzados en materia de lucha contra las minas terrestres.
Instrumentalizando supuestas “amenazas militares”, naciones como Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia han iniciado los trámites legales para abandonar la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales.
Este boicot a un acuerdo suscrito en 1999 por 166 Estados, y que defiende la vida humana, constituye una grave erosión del derecho humanitario.
A esto se suma el anuncio de la retirada y premeditada de Ucrania del tratado en julio de 2025, una decisión bien recibida por la alianza bélica Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes anteponen sus intereses en la guerra contra Rusia.
Afganistán: la infancia históricamente mutilada
Otra realidad preocupante es que Occidente ha aplicado recortes al financiamiento de los programas de desminado en varios países.
El notable recorte de fondos por parte de donantes, incluido EEUU, ha dejado a su suerte a poblaciones muy vulnerables, especialmente en Asia Central y África.
En Afganistán —un país destrozado por más de dos décadas de ocupación estadounidense—, la niñez paga el precio más alto del abandono occidental. Según datos avalados por la ONU, referidos en Landmine Monitor, un 77 % de las víctimas de minas registradas en territorio afgano el último año fueron niñas y niños.
Alrededor de 54 personas vulnerables pierden la vida o son mutiladas cada mes en el país asiático debido a los restos explosivos, lo que consolida a Afganistán como la tercera nación con la cifra de mortalidad más alta a escala mundial por esta causa.
“Tienden a ser niños, sobre todo chicos en las colinas cuidando ovejas y cabras, y recogen cosas que les interesan y juegan con ellas o les tiran piedras y se matan o se hieren”, lamentó el jefe de la sección de actividades relativas a las minas de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama), Nick Pond, citado por la ONU en su portal web.
El funcionario refirió que, a pesar de la necesidad urgente de limpiar el territorio tras décadas de conflicto armado, la desinversión ha diezmado sus capacidades operativas, al pasar de tener un equipo de 15.000 desminadores en 2011 a tan solo 1.300 trabajadores humanitarios en la actualidad.
Desde 1999, Afganistán registra 30.154 niños muertos a causa de la explosión de las minas terrestres, razón por la que urge afianzar el trabajo de limpieza en esta nación asiática.
Gaza: un peligro que acentúa el genocidio
En Gaza, la situación es igual o peor. El jefe del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (Unmas) en este enclave palestino, Julius Van Der Walt, señaló que dos años de la escalada de Israel contra la Franja han dejado un grado de contaminación de artefactos explosivos a niveles alarmantes.
La diseminación de estas minas amenaza directamente a los habitantes de Gaza y obstaculiza el apoyo esencial a los 2,1 millones de residentes, por restringir las operaciones humanitarias.
Van Der Walt señaló que en Gaza la gente resulta herida «simplemente al recoger artículos de primera necesidad a diario», mientras que muchas familias «no tienen más remedio» que refugiarse en zonas donde se sospecha que hay artefactos explosivos.
«Sencillamente, no existen alternativas más seguras», afirmó, citado por la ONU.
África bajo el brutal asedio de los explosivos
El flagelo del extractivismo y las guerras azuzadas por potencias neocoloniales también mantienen en vilo permanente a los pueblos africanos. En Sudán, el estallido de los combates ha dejado extensas áreas agrícolas enteramente contaminadas por artillería no detonada, lo que paraliza la vida comunitaria.
“Estamos profundamente preocupados por la situación en El Fasher [noroeste de Sudán]. La ciudad estuvo asediada durante más de 500 días y los bombardeos nunca se detuvieron. Incluso ahora, no se ha detenido por completo”, aseveró Sediq Rashid, jefe del programa del UNMAS en este país africano.
La crisis con las minas se replica de forma casi idéntica en Nigeria, donde las políticas de retorno forzado impuestas por las autoridades locales han empujado a miles de familias desplazadas a caminar directamente hacia campos históricamente minados.
«Empezaron a cerrar los campamentos de desplazados internos y luego a animar a la gente a regresar a sus comunidades de origen o a las zonas de reasentamiento. Desgraciadamente, nuestros análisis muestran que el 80 % de todas las víctimas civiles se producen en 11 de las 15 zonas de retorno», detalló Edwin Faigmane, responsable de la referida agencia de la ONU en la nación de África Occidental.
Para intentar mitigar las muertes por minas, en medio del desfinanciamiento, los equipos de desminado han tenido que recurrir a mecanismos comunitarios.
«Empezamos a trabajar con las fuerzas de seguridad, la policía y protección civil para formar a sus agentes para que impartan educación sobre el riesgo en zonas de difícil acceso», refirió Faigmane.
El uso de minas —así como el envío de bombas de racimo de EEUU a Ucrania y el lanzamiento de fósforo blanco de Israel contra niños palestinos— no son incidentes aislados, sino la evidencia de que el derecho internacional es letra muerta, utilizada por Occidente solo cuando sirve a sus intereses.
Mientras Washington y sus aliados sigan operando bajo la impunidad, la mal llamada «comunidad internacional» no será más que un testigo mudo del fin de la ética.