Por Gilberto Gómez
El Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), organización sindical con más de 75 años de trayectoria en la defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país, se ve en la obligación ética, profesional y democrática de pronunciarse frente a los acontecimientos registrados en la provincia de Bocas del Toro.
Rechazamos la decisión del Órgano Ejecutivo de intentar prolongar la suspensión de las garantías constitucionales en dicha provincia, así como la orden a las dependencias subalternas de interrumpir todas las redes sociales y comunicaciones informáticas, lo cual ha tenido como resultado directo la censura y obstrucción del trabajo de los medios de comunicación social.
Impedir la cobertura informativa de hechos de evidente interés público constituye una violación inaceptable al derecho de informar y ser informado.
Estas medidas, que imposibilitan a periodistas y medios de comunicación realizar su labor con libertad y transparencia, obstaculizan el conocimiento ciudadano de situaciones sensibles como manifestaciones, protestas sociales y posibles abusos de autoridad.
Ha llamado la atención el traslado de decenas de detenidos incomunicados, rapados y desnudos a otra provincia para legalizar su detención.
En un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación.
Panamá es signataria de múltiples instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión y el acceso a la información, como la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec, entre otros.
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo contradicen flagrantemente estos compromisos, además de violar principios consagrados en nuestra propia Constitución Nacional.
El Sindicato de Periodistas de Panamá, en cumplimiento de su deber con la sociedad y el periodismo libre, hace un llamado urgente a las autoridades responsables para que rectifiquen su proceder, restablezcan las garantías fundamentales y se conduzcan con apego al principio de legalidad, el respeto al debido proceso y los valores que deben regir un sistema verdaderamente democrático.
Reiteramos nuestro compromiso con los derechos del pueblo panameño y la defensa de la libertad de prensa como piedra angular de cualquier sociedad justa. Callar a la prensa es callar al pueblo, y frente a ello, no guardaremos silencio.