Por Hedelberto López Blanch
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) a pedido del diario La República señaló que el índice de desaprobación de la gestión de Dina Boluarte como presidenta de Perú va en aumento y aproximadamente el 93 % de los ciudadanos desaprueba su forma de gobernar el país
La encuesta demostró además que el Congreso de la República, controlado por mayoría de derecha y ultraderecha, tampoco goza de popularidad: el 91 % de los encuestados desaprobó su trabajo, mientras que solo el 6 % se mostró contento con su desempeño.
Boluarte está involucrada en casos de corrupción y a finales de mayo concurrió al Ministerio Público para declarar por su posible enriquecimiento en el llamado proceso Rolex y otras joyas cuyo origen no ha podido explicar. Por ese caso y por un desbalance patrimonial de más de 400 000 dólares es investigada en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y posible cobro de sobornos.
El 10 de mayo, su hermano Nicanor Boluarte y el abogado de Dina, Mateo Castañeda fueron encarcelados por tráfico de influencias, y aunque están pendientes de juicio, les otorgaron libertad provisional.
La mandataria, que no quiere abandonar el cargo hasta el año 2026, aparece envuelta además en delitos de genocidio, homicidio calificado (49 muertos) y graves lesiones contra más de 60 personas que protestaban por su ascensión al poder tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Otra acusación pendiente es por ausentarse de su cargo para someterse a una cirugía estética.
El 52 % de los encuestados sostuvo que el gobierno de Boluarte terminará siendo más corrupto que los anteriores, el 43 % opina que será igual de corrupto y tan solo el 5 % evalúa que acabará por ser menos corrupto.
La derecha y ultraderecha peruana que respaldan a la mandataria, están bien asentadas en puestos claves de la nación con mayoría en el Congreso y control absoluto de los medios de comunicación.
También tiene el apoyo del Tribunal Constitucional y de los mandos militares que están comprometidos en las masacres durante la represión a las movilizaciones sociales
Perú aparece como la quinta economía de América Latina con un Producto Interno Bruto (PIB) de 240 000 millones de dólares. Exporta cobre, oro, plomo, zinc, estaño, molibdeno, plata, petróleo, gas natural, café, frutas, pescado y derivados, productos químicos, entre otros.
Organismos internacionales señalan que el 66 % de la población rural es pobre y más de un tercio vive en la extrema pobreza, a la par que en los últimos años se amplió la brecha entre ricos y pobres.
De los 32 millones de peruanos, el 60 % se encuentra por debajo de los índices de pobreza que se hace más profundo, entre 74 % y 88 %, en las regiones sureñas de Ayacucho, Puno, Apurímac o Huancavelica.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que el 58 % de la población económicamente activa está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación, mientras el 68 % carece de servicio de saneamiento.
Pero cuando uno analiza fríamente lo que sucede en Perú donde Estados Unidos ha apoyado varios gobiernos corruptos cuyos presidentes han sido condenados o procesados por corrupción (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alán García, este se suicidó para no ir a juicio) aparece como parte del control de Washington sobre esa nación, el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Con ese Tratado, impulsado por el ex presidente Alejandro Toledo y firmado por su sucesor Alan García en diciembre de 2007 se incrementaron las diferencias sociales en la nación andina al ampliarse las políticas neoliberales y de privatizaciones.
En el documento aparecen enmiendas antisoberanas como el capítulo 10 que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses.
Entre éstas se destaca la imposibilidad de promulgar normas de protección del medio ambiente o contra productos nocivos que afecten la salud de los ciudadanos si eso dificultara el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas transnacionales.
El TLC le prohíbe al gobierno peruano acudir a los tribunales nacionales ante cualquier problema surgido con compañías extranjeras, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Ahora el gobierno de Dina Boluarte va por los mismos caminos recorridos por varios presidentes peruanos y ya se haya envuelto en una crisis de corrupción, recesión económica, incremento de la pobreza y aumento de la delincuencia.
Pero Washington se hace de la “vista gorda” porque le conviene mantener en Lima un gobierno adicto a sus intereses.
