Por Carlos Noriega

Estas muertes se produjeron cuando el ejército y la policía dispararon contra manifestantes, e incluso contra pobladores que no participaban en las protestas, lo que fue aplaudido y alentado públicamente por Boluarte y sus ministros.

La denuncia, que también indica que la represión dejó 344 heridos, ha sido presentada esta semana por 16 personalidades peruanas, que incluyen cuatro exministros, reconocidos juristas, excongresistas, diplomáticos y activistas de derechos humanos.

En junio pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) presentaron una primera denuncia contra Boluarte ante la CPI por estos mismos hechos.

Los firmantes de esta nueva denuncia señalan que recurren a la CPI por la injustificada demora en las investigaciones fiscales en el fuero interno y el riesgo de impunidad.

Ha pasado más de un año y medio desde esa represión, que se dio entre diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, e inicios de 2023, y esos asesinatos continúan en la impunidad.

Las investigaciones fiscales avanzan lentamente -los casos de las matanzas ocurridas en diversas provincias fueron trasladados a una Fiscalía en Lima, trabando el acceso de víctimas y testigos que viven en zonas alejadas y en condiciones de pobreza, y el Congreso, controlado por la derecha y ultraderecha capitaneadas por el fujimorismo, ha blindado a Boluarte de ser acusada por estas muertes.

Las protestas, que se concentraron mayormente en regiones andinas históricamente excluidas, exigían la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Boluarte, que apenas instalada en la presidencia dio un giro radical para aliarse con la coalición autoritaria que domina el Congreso y que había boicoteado el gobierno del que ella había sido vicepresidenta, encabezó una brutal represión.

La acusación ante la CPI también incluye al exjefe del gabinete ministerial y exministro de Defensa Alberto Otárola, rostro visible y voz estridente en la justificación y aliento de la represión, y a “quienes resulten responsables”, donde entrarían otros ministros y los policías y militares que causaron estas muertes.

Se señala que hay “categóricos informes de países y organismos internacionales” sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante la represión y la responsabilidad del gobierno de Boluarte.

Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros, coinciden en denunciar un uso indiscriminado de la fuerza con armas de fuego con un sesgo racista contra la población indígena andina, y en señalar la responsabilidad de la presidenta y sus ministros, que declararon el estado de emergencia, sacaron a los militares, criminalizaron a los manifestantes antigubernamentales y respaldaron a las fuerzas de seguridad y las alentaron públicamente a seguir con las acciones represivas, e incluso endurecerlas, después de las denuncias de que se estaba disparando contra la población.

Se han denunciado masacres, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

En declaraciones a Página 12, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, Diego García Sayán, uno de los que ha presentado esta denuncia contra Boluarte, aseguró que la CPI puede ordenar la detención de la presidenta peruana.

“Esta es una denuncia por violaciones al Estatuto de Roma, que es el Código Penal internacional, presentada ante el fiscal de la CPI, que tiene que decidir si la denuncia reúne o no los elementos para abrir una investigación, y si abre un caso presentar la acusación.

Esta es una decisión que puede demorar varios meses. No dudo que el fiscal de la CPI va a decidir abrir una investigación. Habiendo transcurrido el tiempo que ha transcurrido desde las matanzas hasta la fecha y que no haya pasado nada relevante es una forma de denegación de justicia que permite la intervención de la CPI. Abierto un caso, aunque no haya una sentencia, el tribunal puede pedir medidas preventivas, como órdenes de detención, como lo ha hecho con Netanyahu y Putin”.

Sobre la responsabilidad de Boluarte, García Sayán precisó: “Hay una responsabilidad de una línea de comando que llega hasta la presidencia de la República. Las decisiones fueron tomadas por el gobierno. Boluarte es la responsable principal. Eso no libera de responsabilidad penal a quienes dispararon a las personas que murieron”.

La excongresista Indira Huilca, hija de un importante dirigente sindical asesinado por la dictadura de Alberto Fujimori, también firmante de esta denuncia ante la CPI, le indicó a este diario que un reciente informe de Amnistía Internacional publicado después de la primera denuncia contra Boluarte ante este tribunal internacional, en el que se analiza la cadena de mando y las decisiones tomadas durante la represión y concluye que la presidenta tendría responsabilidad penal como autora mediata de las 49 muertes, “es una de las razones para presentar esta nueva denuncia ante la CPI y reforzar la primera denuncia que se presentó”.

“Este informe de Amnistía -declaró Huilca- aporta información clave, nuevos elementos, sobre la cadena de mando, con Boluarte a la cabeza, y la responsabilidad del Estado en las masacres, ya sea por acción o por omisión, sobre todo de quien hoy está en la presidencia del país y de sus ministros. Esperamos que la denuncia por estas muertes sea acogida por la Fiscalía de la CPI porque el riesgo de impunidad en el Perú es enorme. Lo que ha habido en este año y medio han sido acciones que no garantizan que haya un acceso al derecho a la justicia. Se ha acudido a las instancias internacionales para garantizar que no haya ningún tipo de espacio abierto para la impunidad”.

Boluarte ha sido denunciada ante la CPI cuando en el país avanza un proyecto autoritario y de impunidad. “No hay que perder de vista -dice García Sayán- que el Perú no está siendo gobernado por un régimen democrático normal, sino que hay un pacto corrupto que articula al Ejecutivo y al Congreso para garantizarse impunidad, en violaciones a los derechos humanos y en corrupción”.