En un escrito de 25 páginas, que lleva la firma de reconocidas figuras de la cultura, los DDHH y la política argentina (entre los que se destacan el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; y la investigadora Dora Barrancos, entre otros), en el cual se solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el mandatario de ultraderecha.
En la presentación, que quedó registrado como el expediente 0031-P-2024, se hace un pedido expreso para que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por varios posibles delitos, entre los que se enumeran: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Asimismo, se hace mención al delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios; así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
Por otra parte, tras señalar que la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo, entre los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, el escrito también plantea que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
En paralelo a la presentación de juicio político al presidente Milei por las vías institucionales, «el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional», expuso el documento.
El pedido también lleva la firma de la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros.
