Las medidas anunciadas por el mandatario son resultado de un informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada en junio del 2023 con el fin de asesorar al mandatario en la creación de una solución de largo plazo para el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Boric aseguró tener la “convicción de que un país que respeta la diversidad, reconoce a los pueblos que lo constituyen y rechaza categóricamente la violencia, es un país mejor para todas y todos”, añadiendo que “no estamos condenados a eternizar este conflicto: podemos y debemos resolverlo con todas las herramientas de la democracia y la buena política”.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo informó que la Comisión propone el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, así como también anunció que se impulsará la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado, medida que contempla el fortalecimiento de la Corporación Nacional de Asuntos Indígenas (Conadi).

También el Presidente Boric instruyó al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación económica para las zonas de Arauco y Malleco, medida que también responde a lo propuesto por el Plan Araucanía.

El mandatario convocó a los distintos poderes del Estado, así como también a la sociedad civil, las comunidades mapuches, empresas, gremios y fuerzas políticas “a unirnos en torno a este Informe y sus recomendaciones, para abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, que asegure justicia, paz y prosperidad para el conjunto de la nación”.

La Comisión estuvo liderada por Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla e integrada por Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado.

Asimismo, durante sus dos años de funcionamiento convocó a más de 5 mil personas de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con representantes del pueblo mapuche, gobiernos comunales y regionales, gremios empresariales, agricultores, víctimas de violencia y terrorismo y sociedad civil.