Por Fernando García Bielsa

La situación del país en un estado de guerras permanentes alimenta un clima interno de miedo, tendencias represivas y la limitación de derechos.

Los gobiernos en Washington, su naturaleza imperial y sus pretensiones de dominación global han conducido al país a inducir o a participar en una sucesión interminable de guerras en todos los confines.

Su evidente declinación y el afán por no perder su predominio aumentan la ceguera y agresividad de su política exterior. Para poder contar con una población que acompañe a su pesar ese desenfreno, se la inculca con temores de todo tipo acerca de un mundo hostil, de peligros renovados y enemigos malvados que, según se arguye, amenazan la seguridad nacional.

Históricamente, una estrategia de enfrentar supuestos enemigos externos y de alimentar las ansiedades de la ciudadanía ha dado frutos para ganar cierto respaldo público para tales aventuras. En la actual coyuntura los enemigos más recurridos son China, Putin y Hamás.

Los estadounidenses tienen una larga y repugnante tradición de expresar su rechazo hacia gobiernos o movimientos extranjeros haciendo blanco de su hostilidad y repudio a compatriotas por el hecho de compartir similitudes étnicas, religiosas u orígenes nacionales con tales países y entes foráneos.

En una sociedad tan diversa, con ciudadanos e inmigrantes procedentes de todos los confines, las guerras imperiales generan internamente una atmósfera de sospechas, xenofobia y tendencias represivas hacia ciertos grupos étnicos y supuestos enemigos internos.

Junto al entronizado racismo y los repetidos casos de represión policiaca contra ciudadanos negros, en los últimos años varios grupos étnicos, inmigrantes latinos, personas con rasgos asiáticos e integrantes de comunidades musulmanas han resultado también víctimas de golpizas y acciones de odio en sus lugares de residencia y centros laborales, y hasta demonizados en ciertos medios masivos.

Un hecho notorio fue la denominación por el entonces presidente Donald Trump de la pandemia de COVID19 como “el virus chino”.

En la postguerra y hasta 1975 en un marco de escasa transparencia y supervisión, entre la CIA y agencias relacionadas como la NSA y el FBI, prevaleció en el país un patrón de abuso y represión del movimiento negro, sectores laborales, agrupaciones estudiantiles y de opositores a la guerra en Vietnam, entre otros.

Luego de algunas obligadas acciones de control y aparentes reajustes institucionales, en el marco del escándalo Watergate y las audiencias del Comité senatorial encabezado por el Senador Frank Church hace 50 años, las agencias de inteligencia y represivas han vuelto por sus fueros y devenido muchísimo más poderosas.

Algunas son consideradas parte de un gobierno en las sombras.

Se han involucrado en golpes de Estado, sitios secretos de tortura, programa asesino con drones y paramilitares e, internamente, espionaje, penetración y aniquilación de grupos disidentes, vigilancia masiva, recopilación abundante de datos personales y confidenciales, registros financieros e intromisión en la vida y las comunicaciones, incluso con uso de programas malignos a espalda de los usuarios.

A lo largo de los años, como concluyó el informe de la comisión Chuch en 1976, las agencias de inteligencia estadounidenses han “socavado los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

A raíz de los atentados de septiembre de 2001 el gobierno de Bush desató la llamada guerra contra el terrorismo que, como contrapartida, generó acciones adicionales para conculcar derechos, libertades internas y garantías constitucionales. Ese año la llamada “Ley Patriota” otorgó al FBI y otras agencias mayores poderes para acceder a información personal como registros médicos y financieros.

El gobierno ha utilizado el secretismo, la sobre clasificación y la reivindicación de supuestos intereses de seguridad nacional para protegerse de la supervisión pública. Han sido infructuosos o desganados los intentos en el Congreso para poner fin a tales abusos u otras medidas para controlar a la NSA, la CIA o el FBI.

Por su parte Human Rights Watch obtuvo hace algún tiempo documentos que vinculan también al Pentágono con una posible vigilancia generalizada, y sin órdenes judiciales, de ciudadanos estadounidenses y residentes no ciudadanos.

Las tensiones globales y la supuesta amenaza de terrorismo interno

A raíz de la actual agresión de Israel contra Gaza, la comunidad de inteligencia y el FBI hacen estimados de que la amenaza de un ataque terrorista islámico dentro de Estados Unidos ha aumentado hasta su punto más alto desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según el director del FBI, Christopher Wray, existe la amenaza de “una sucesión de organizaciones terroristas extranjeras [que están pidiendo] ataques contra los estadounidenses y nuestros aliados”.

Aunque Wray cita a Hezbollah, Al Qaeda e ISIS como nuevas amenazas contra Estados Unidos, dijo que la oficina en realidad estaba más centrada en grupos e individuos extremistas violentos locales (estadounidenses) y potenciales terroristas como la principal amenaza actual.

“Nuestra preocupación más inmediata ha sido que individuos o pequeños grupos se inspiran de forma retorcida en los acontecimientos de Oriente Medio para llevar a cabo ataques aquí en casa”, dijo.

Agregó que son más probables los ataques a pequeña escala y de “lobos solitarios” inspirados en organizaciones terroristas foráneas. “El FBI evalúa los extremistas locales violentos como la mayor y más inmediata amenaza terrorista para el país”.

Wray añadió que los cruces de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos eran extremadamente preocupantes, ya que organizaciones terroristas extranjeras se infiltraban en el país a través de redes de contrabando de drogas. Como era de esperar, el director antiterrorista utilizó el ataque de Hamás para justificar la renovación del programa domestico de vigilancia masiva, el cual indudablemente se presta para criminalizar a las agrupaciones progresistas, y a quienes se oponen a la guerra y la xenofobia.

Esa atmósfera va más allá de los órganos represivos. Se registran atropellos en diversos lugares e instituciones, como por ejemplo suspensión de estudiantes por realizar actos de solidaridad con Palestina en ciertas universidades, etcétera.

Un aviso de amenaza interna del FBI, obtenido por el sitio de periodismo investigativo estadounidense The Intercept, define a los extremistas violentos anarquistas como individuos “que consideran que el capitalismo y el gobierno centralizado son innecesarios y opresivos” y “se oponen a la globalización económica; a las jerarquías políticas, económicas y sociales basadas en clase, religión, raza, género o propiedad privada de capital, y a formas externas de autoridad representadas por el gobierno centralizado, el ejército y las fuerzas del orden”.

Asimismo, el presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, republicano por Ohio, presentó recientemente una imagen de estadounidenses protestando por la guerra en Gaza al tiempo que insinuaba posibles vínculos entre los manifestantes y Hamás.

A continuación, el congresista utilizó esa infundada acusación como base para argumentar por qué pueden “resultar perjudiciales para la seguridad nacional” las reformas que venían siendo consideradas para evitar prácticas abusivas en las acciones de control y vigilancia por los órganos de inteligencia.

En el mismo sentido funcionarios federales han instado a legisladores de ambas cámaras a reautorizar un extenso y controvertido programa de vigilancia utilizado repetidamente para espiar a ciudadanos estadounidenses.

“Como lo demuestran los acontecimientos recientes, el panorama de amenazas terroristas es muy dinámico y nuestro país debe preservar los fundamentos [contraterroristas] para garantizar una vigilancia constante”, dijo la directora del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christine Abizaid, ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, después de hacer repetidas referencias al ataque de Hamás a Israel.

Mencionó asimismo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite al gobierno de Estados Unidos reunir grandes cantidades de inteligencia sin solicitar primero una orden judicial.

Como ese programa está próximo a expirar, los legisladores que simpatizan con la comunidad de inteligencia están luchando por protegerlo.

Por otra parte, algunos miembros del Congreso, como el senador Ron Wyden, presionan por reformas que limiten las capacidades de vigilancia del gobierno y afirman que este “ha fracasado completamente en demostrar que cualquiera de las protecciones de privacidad que los reformadores han pedido perjudicaría la seguridad nacional”.

Creada en 1978, la FISA se amplió enormemente después del 11 de septiembre de 2001 para otorgar a las agencias federales de aplicación de la ley y de inteligencia mayores poderes de vigilancia y apuntar sus dardos hacia ciudadanos estadounidenses en contacto con ciudadanos extranjeros.

Esta laguna jurídica facilita que las agencias federales apunten a amplios sectores de la población estadounidense, y durante años ha sido condenada por defensores de las libertades civiles, quienes la ven como un ejemplo claro de extralimitación gubernamental.

El Centro Brennan para la Justicia, entidad asociada con la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, emitió a comienzos de año un documento en el que señala que el FBI ha utilizado la Sección 702 para espiar a legisladores, organizaciones de libertades civiles, campañas políticas, activistas y grupos pro palestinos, así como aprovechan el vacío legal que permite a las agencias federales vigilar a los estadounidenses comprando datos personales de intermediarios del sector privado.

De momento, parece haber un ambiente adverso para los defensores de las libertades civiles y sus propuestas de varias reformas a la autoridad y para establecer límites a las potestades del FBI y otras agencias, e implementación de estrictos requisitos de orden judicial, aplicables también a las agencias locales de policías. Con las crecientes tensiones globales, no sorprende que se esté desempolvando nuevamente el mismo viejo manual macartista de los años 60, cuando simplemente oponerse a HUAC (Comité de Actividades Antiestadounidenses, vigente entre 1938 y 1975) o cuestionar la vigilancia del FBI era suficiente para acusar a alguien por sospechas de algo siniestro.