El hecho de esta colaboración quedó confirmado por la misma directora de la agencia en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, quien le admitió a la National Public Radio (NPR) de Nueva York que le solicitó a la gobernadora proveer la información de las licencias de conducir de unas 6,000 personas inmigrantes con estatus irregular.

De acuerdo al NPR González Ramos indicó que “el gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que les pedimos. Y estamos solicitando esa información para poder avanzar con la misión. Y estamos esperando”.

Lo descubierto hasta el presente es que la información provista desde febrero es de licencias de conducir para personas inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, que otorga el gobierno de Puerto Rico mediante la Ley 97 de 2013.

En conferencia de prensa este domingo 8 de junio las delegaciones del PIP en la Legislatura anunciaron la ofensiva mediante sus legisladores municipales para que los municipios establezcan política pública para que se garantice la protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades municipales y las autoridades federales de inmigración y para asegurar que sean en estricto cumplimiento con el estado de derecho.

La ordenanza municipal establecería los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades municipales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.

Las representantes Adriana Gutiérrez Colón y Nelly Lebrón Robles narraron la situación ocurrida con una mujer inmigrante de nacionalidad dominicana en Cabo Rojo que fue arrestada por las autoridades federales luego de que un policía municipal alertara a las agencias de inmigración mientras esta buscaba información en la alcaldía para establecer un negocio ambulante.

Gutiérrez Colón indicó que según el alcalde el policía municipal actuó por cuenta propia cuando decidió alertar a las autoridades federales para que arrestaran a la mujer dominicana, sin haber cometido delito alguno, con permiso de trabajo en los Estados Unidos y sin una orden judicial. “Con nuestra iniciativa se establecen los parámetros y protocolos para garantizar que no se continúen violentando los derechos de nuestras comunidades inmigrantes”.

En tanto el representante Denis Márquez Lebrón, dijo que en febrero las delegaciones del PIP radicaron los proyectos 331 en la Cámara de Representantes, y el 379 en el Senado por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), precisamente para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico.

“Ante la inacción del liderato legislativo para considerarlos, y el recrudecimiento de las redadas tras la vergonzosa docilidad con la que el gobierno entregó información de aproximadamente 6,000 personas a las autoridades federales, hemos adaptado los proyectos en una ordenanza municipal para que nuestros legisladores las sometan y así dotar a los municipios de una herramienta en defensa de nuestras comunidades inmigrantes”, expresó el portavoz cameral del PIP.

Por su parte el MVC en comunicado de prensa también anunció que donde tenga representación municipal presentarán resoluciones en solidaridad con las comunidades migrantes. El MVC informó que tiene representación municipal en los pueblos de Aguada, Dorado, Guayanilla, Humacao, Orocovis, Quebradillas, San Juan, Trujillo Alto, Vega Baja y Vieques.

“Las resoluciones que presentaremos tienen como objetivo rechazar la colaboración de la Policía de Puerto Rico con ICE, incluyendo el intercambio de información que pueda llevar a detenciones o deportaciones, exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno estatal sobre sus acuerdos y prácticas relacionadas con la inmigración y proclamar los municipios como espacios comprometidos con los derechos humanos y la justicia social, donde se defienda la dignidad de todas las personas sin importar su estatus migratorio”, expresó Ana Irma Rivera Lassén, Coordinadora General del MVC.

Por otra parte diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles denunciaron la colaboración del gobierno de González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP). La organización Kilómetro Cero (KC), catalogó la colaboración como una alta traición al pueblo de Puerto Rico, que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro país, y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad.

“Puerto Rico no puede ser cómplice de un sistema que encarcela, deporta y separa familias por su raza y lugar de nacimiento. No seríamos los únicos, muchos estados y ciudades santuarios en Estados Unidos están tomando posturas de no colaboración con el gobierno federal”, reclamó la directora ejecutiva de KC, Mari Mari Narváez.

La organización denunció que las redadas, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo de personas migrantes en Puerto Rico no solo se están intensificando, sino que ocurren bajo total impunidad.

“Estamos siendo testigos de una normalización peligrosa del racismo y la violencia de Estado. Es una emergencia democrática. Se están desmantelando derechos fundamentales ante nuestros ojos, y el gobierno de Puerto Rico, lejos de proteger a las comunidades más vulnerables, las expone a la violencia, a la separación de familias, al encarcelamiento sin el debido proceso”, alertó Mari Narváez.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), también se expresó sobre el particular, lo cual calificó como “una afrenta y una violación al derecho universal a la privacidad en lo referente a información privada, indistintamente del status migratorio de las personas”.

La presidenta del CAPR, Vivian Godineaux Villaronga, apuntó a que la Ley 97 de 2013 es una que está vigente y establece en su Exposición de Motivos que “las aportaciones al país de las personas extranjeras sin estatus migratorio oficial y el respeto a la dignidad humana las hacen acreedoras de unas protecciones fundamentales por parte del estado”.

Reclamó que el CAPR ha sido vocal objetando la participación del gobierno de Puerto Rico en el “cumplimiento” de las órdenes ejecutivas del gobierno federal contrarias a la comunidad de inmigrantes.

“No hay una obligación de las agencias estatales de colaborar con la agencias federales en lo relativo a estas órdenes impulsadas por la administración de Donald Trump. Prueba de ello son los numerosos procesos judiciales activos en los tribunales de EEUU por parte de los estados, así como de entidades e instituciones cuestionando las mismas”, puntualizó.

Mientras, el jueves 5 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora, Hiram Torres Montalvo, confirmó que el gobierno entregó la información, la que fue solicitada mediante un “supina” directo al secretario del DTOP. Dijo además que la comunicación fue directa con la gobernadora, al otro día la gobernadora desmintió a su secretario de Asuntos Públicos.