Por  Jesús García

“Lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos, sin duda alguna, se trata de un momento bisagra, no solamente en la historia del país, sino en la misma historia política de Trump y de la democracia”, expuso el 7 de enero de aquel año el académico Carlos Aguasaco, profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y director del Departamento de Artes y Ciencias Interdisciplinarias del City College de CUNY, en el podcast ‘El Diario sin Límites’ de esta casa editorial.

Ahora, en una sesión conjunta entre la Cámara y el Senado presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, el Congreso de los EE.UU. certifica la elección del 5 de noviembre pasado, confirmando el triunfo de Trump.

Sobre los hechos de hace cuatro años, aunque Trump no ha sido sentenciado, sus casos en tribunales no fueron desechados por falta de evidencia, sino por el nuevo momento histórico que protagoniza: volver a la Casa Blanca.

El fiscal special Jack Smith, encargado de investigar los hechos, presentó acusaciones contra Trump en la Corte de Distrito de Washington, D.C., las cuales pidió desestimar a finales de noviembre pasado, pero el argumento fue que el Departamento de Justicia no podría procesar a un presidente en funciones.

“Después de una cuidadosa consideración, el Departamento ha determinado que las opiniones anteriores de la OLC con respecto a la prohibición constitucional de acusar y procesar a nivel federal a un presidente en funciones se aplican a esta situación y que, como resultado, este procesamiento debe ser desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo”, indica un documento judicial.

La petición del fiscal especial Smith, avalada por la jueza Tanya S. Chutkan, especificó que la desestimación del caso no significaba que el presidente no pudiera ser acusado una vez que termine su mandato.

“La inmunidad de procesamiento para un presidente en funciones no impediría dicho procesamiento una vez que el mandato del presidente haya terminado o sea destituido de su cargo por renuncia o juicio político”, se indica en el documento.

Los cargos contra Trump fueron por conspirar contra el proceso electoral e intentar intervenir en la decisión de los electores, luego de ofrecer un discurso frente a la Casa Blanca, tras el cual sus seguidores se dirigieron al Congreso, donde el entonces vicepresidente Mike Pence lideraría la certificación de las elecciones en una sesión conjunta.

El ataque derivó en 944 acusados ​​que fueron juzgados y recibieron sentencias por sus actividades delictivas, según datos del Departamento de Justicia.

“Aproximadamente 562 fueron sentenciados a periodos de encarcelamiento. Aproximadamente 172 acusados ​​fueron sentenciados a un periodo de detención domiciliaria, incluidos aproximadamente 31 que también fueron sentenciados a un periodo de encarcelamiento”, se indica.

Trump ha prometido que perdonará los delitos de sus seguidores que participaron en el ataque donde murieron cinco personas y más de 150 personas resultados heridas.

Un Comité Selecto bipartidista de la Cámara de Representantes realizó una investigación sobre el asalto al Capitolio que derivó en un reporte de 845 páginas, donde se exponen recomendaciones tras ese ataque. La indagatoria incluyó nueve audiencias públicas y presentó los testimonios de más de 70 testigos.

“Al estructurar nuestra investigación y nuestras audiencias, comenzamos con las afirmaciones del presidente Trump de que las elecciones fueron robadas y tomamos el testimonio de casi todos los principales asesores del presidente sobre este tema”, indica el reporte. “Nos centramos en los fallos de más de 60 tribunales federales y estatales que rechazaron los esfuerzos del presidente Trump y sus partidarios de revertir el resultado electoral”