En ese marco, la principal organización sindical selló un acuerdo de unidad con sectores estratégicos como mineros, campesinos, trabajadores fabriles y maestros rurales, con el objetivo de intensificar las protestas a partir de la primera semana de enero de 2026. Mediante un pronunciamiento público, el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras de Bolivia (CONACMIN) informó que se adhiere al paro indefinido impulsado por la COB.

   Asimismo, esta última organización instruyó a las afiliadas a movilizarse con pancartas, banderas y material identificativo, portando consignas claras y unitarias que reflejen las demandas sociales y el mandato orgánico del CONACMIN y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

   A través de un comunicado, la FSTMB convocó a sus afiliados e hizo énfasis en que luchan por el bienestar de todos los bolivianos.

   José Choque, segundo secretario general de la COB, explicó que la determinación fue adoptada de forma orgánica tras las recientes declaraciones de un ministro de Paz, quien aseguró que el Ejecutivo no modificará “ni un solo artículo” del decreto aprobado el pasado 17 de diciembre.

histórica de Felipe Quispe, conocido como “El Mallku”.

   El dirigente sindical informó además que, desde este lunes, comenzará de manera gradual la instalación de piquetes de huelga de hambre en distintas regiones del territorio nacional, de acuerdo con un cronograma aprobado la semana anterior.

De forma paralela, las organizaciones sindicales iniciarán procesos de información interna para explicar a sus bases el contenido del Decreto Supremo 5503 y definir nuevas acciones de protesta.

   Choque señaló que también se acordó la conformación de un comité de huelga y un comité de movilización, los cuales entrarán en funciones después de las celebraciones de Año Nuevo, con el propósito de no afectar a la población que se desplaza durante las fiestas de fin de año.

   También afirmó que diversos analistas y periodistas evidenciaron que al menos 101 de los 121 artículos del decreto presentan vicios de inconstitucionalidad, además, reconoció que existe crítica hacia la actual dirigencia de la COB, debido a que en las últimas dos décadas no se habían impulsado movilizaciones de la magnitud de las que ahora se proyectan.

   El dirigente adelantó que durante las primeras semanas de enero se realizará un análisis jurídico más profundo del decreto, cuyos resultados serán socializados con las bases y posteriormente presentados en conferencia de prensa. Indicó que esperan una señal de apertura por parte del Gobierno y que, de no recibir una respuesta favorable, activarán un “Plan B”, que contempla que varias organizaciones que suscribieron acuerdos con el Ejecutivo se retracten y se sumen a las nuevas protestas.

   Choque advirtió que, si el Gobierno insiste en mantener vigente la norma, deberá asumir las consecuencias políticas. “Si no quiere dejar sin efecto el decreto, que aliste las maletas y se vaya. Cuando el pueblo se enoja de verdad, la situación cambia y ya no se puede controlar”, afirmó.

   En ese sentido, sostuvo que el presidente Paz ha perdido el respaldo de la clase trabajadora y de los sectores populares, y aseguró que gobierna únicamente con el apoyo de un reducido grupo de ministros.

   Consultado sobre la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional, Choque respondió que el sistema judicial se encuentra politizado, al igual que en gestiones anteriores. “La justicia comparte la misma línea del Gobierno. Vamos a exigir un pronunciamiento y dar el tiempo necesario, pero aquí se trata de estar del lado del pueblo o del lado de los ricos”, concluyó.