Según datos oficiales, publicados por el diario The Guardian, hasta el pasado 15 de junio, el ICE suma 56,397 inmigrantes bajo custodia como parte de la campaña de deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump, pero sólo 28.3% de ellos tenían antecedentes penales, incluyendo ahí delitos menores de tráfico.

   La información contradice marcadamente las afirmaciones del presidente,  Donald Trump, de que las autoridades están buscando “criminales” para deportarlos como parte de su agresiva agenda antiinmigratoria.

   De acuerdo a datos dados a conocer por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, a medida que aumenta el ritmo de arrestos y detenidos del Departamento de Seguridad Nacional, se reduce la cifra de inmigrantes con historial criminal.

   Lo anterior pese a que el Gobierno de Trump ha justificado su intensa campaña de expulsiones por tratarse supuestamente de personas con antecedentes penales.

   Sin embargo, según TRAC, al 15 de junio, el 71.7 % de los detenidos no tenía antecedentes penales.

   “Eso significa que sólo el 28.3 % había sido condenado por algún delito, incluidos muchos que solo habían sido condenados por infracciones de tráfico o delitos menores, o una infracción que resultó únicamente en una multa, como no llevar al perro con correa, pescar sin permiso o conducir un vehículo con una luz trasera apagada” indica el informe de TRAC.

  Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE mantienen bajo vigilancia a 183,756 familias e individuos solteros, según datos actualizados al 14 de junio.

    TRAC Reports señaló que hizo un ajuste en su definición de antecedentes penales. Antes, cualquier persona registrada por ICE con “cargos penales pendientes” se identificaba como tal. A partir de esta actualización y en adelante, los detenidos con cargos pendientes no serán considerados como personas con antecedentes penales.

   La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino el lunes para que la administración de Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes a países distintos del suyo sin ofrecerles la oportunidad de demostrar los daños que podrían enfrentar.

   En lo que se supone como una victoria, por el momento, del gobierno de Trump, el tribunal suspendió el fallo de un juez federal que decía que los afectados en todo el país deberían tener una “oportunidad significativa” de presentar reclamos de que estarían en riesgo de tortura, persecución o muerte si fueran enviados a países con los que la administración ha hecho acuerdos para recibir inmigrantes deportados.

   Los jueces levantaron una orden judicial que requería que el gobierno diera a los migrantes que iban a ser deportados a los llamados “terceros países” una “oportunidad significativa” de decirles a los funcionarios que corren el riesgo de ser torturados en su nuevo destino, mientras se desarrolla un desafío legal.