Explosiones, ataques armados y protestas que no cesan. Todo, mientras el gobierno de Daniel Noboa intenta sostener el control políticoen medio de un clima que amenaza con desbordarse.

Este martes 14 de octubre por la noche, un nuevo atentado sacudió la ciudad de Guayaquil, el principal centro financiero del país. Una camioneta explotó frente a un importante centro comercial ya pocos metros de un edificio de oficinas perteneciente a la familia del presidente. El saldo, al menos un muerto —un taxista que circulaba por la zona— y más de treinta heridos.

Eran cerca de las 6:30 de la tarde cuando el vehículo, que se encontraba estacionado, comenzó a incendiarse, segundos después, la explosión iluminó el frontis del centro comercial y de las oficinas pertenecientes a la familia del presidente Noboa.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto de la detonación, una enorme bola de fuego, gritos, vidrios rotos y el pánico de los transeúntes.

La Fiscalía General del Estado abrió de inmediato una investigación, ordenando el levantamiento del cadáver, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones.

De acuerdo con Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, las cámaras de vigilancia identificaron la salida de dos vehículos desde una cooperativa ubicada frente al complejo penitenciario de Guayaquil. Solo uno de ellos explotó. Pero lo más alarmante vino después, según Cornejo, había al menos otros dos vehículos con explosivos en la zona.

El ministro del Interior, John Reimberg, no tardó en calificar el hecho como un “acto terrorista”. Confirmó que un segundo vehículo contenía una “cantidad de explosivo que no detonó” y que fue neutralizado por las fuerzas de seguridad. Reimberg aseguró que el artefacto no era de fabricación artesanal, sino “un dispositivo de elaboración profesional”, preparado por grupos delincuenciales que estarían buscando sembrar el caos en el país.

Horas más tarde, se confirmó que los agentes hallaron en el interior del segundo vehículo cuatro cargas de alto poder y un sistema electrónico de activación remota.

El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, también se refirió al atentado, calificándolo de “ataque terrorista” y sugiriendo que no fue una coincidencia su ubicación, tan próxima al edificio de la familia presidencial. Plaza aseguró que este hecho forma parte de una serie de ataques coordinados para desestabilizar la provincia y advirtió que las autoridades “buscarán a los responsables hasta debajo de las piedras”.

En medio de este escenario, las declaraciones del gobernador encendieron la polémica. Plaza descartó que el ataque estuviera vinculado con los movimientos indígenas que protestan desde hace semanas contra el gobierno, aunque sus palabras dejaron entrever cierta tensión política.

Y es que las movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) cumplen ya más de cuatro semanas, generando un clima de agitación social que se suma a la desbordada crisis de seguridad. Las protestas comenzaron por la eliminación de un subsidio a los combustibles, pero rápidamente se convirtieron en una expresión de descontento más amplia, que abarca temas como la desigualdad, el costo de la vida y la exclusión social.

El atentado en Guayaquil es el segundo ataque con coche bomba en menos de un mes.   A finales de septiembre, otro vehículo explotó frente a la cárcel regional, aunque en esa ocasión no hubo víctimas. Sin embargo, los informes oficiales de este último hecho no vinculan el ataque con el movimiento indígena, sino con grupos narcoterroristas y el crimen organizado, responsables de la ola de violencia que azota al país.

Durante el fin de semana, dos ataques armados en las provincias de El Oro y Guayas dejaron nueve muertos. En El Oro, cuatro personas fueron asesinadas dentro de una vivienda, entre ellas una mujer y tres hombres —uno de ellos, identificado como alias “Lalo”, con antecedentes por tráfico de drogas—. En tanto, en General Villamil Playas, cinco personas fueron ejecutadas durante una fiesta de 15 años. Situaciones que están marcando el tono de la creciente inseguridad en el país.

En los últimos años, Ecuador ha pasado de ser catalogado como “una isla de paz” a convertirse en el país más violento de la región.

En 2019 registraba una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100 mil habitantes. Cuatro años después, esa cifra se disparó a 47,2 homicidios, reflejando un aumento de más del 570% en los homicidios intencionales en el país. Según datos del observatorio ecuatoriano de crimen organizado, el primer semestre de 2025 cerró con más de 4 mil 600 asesinatos, un récord histórico.

El presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” para enfrentar a las bandas criminales, a las que calificó como grupos terroristas. Desde entonces, las calles se han militarizado, las cárceles están bajo control de las Fuerzas Armadas y los enfrentamientos son cotidianos. Pero la violencia no ha disminuido. Por el contrario, se ha extendido a nuevas zonas, mientras el narcotráfico, la extorsión y el contrabando penetran cada vez más en las instituciones del Estado.

A esta crisis de seguridad se suma ahora una crisis social y política. El movimiento indígena, que alguna vez fue un aliado clave de Noboa en las urnas, se ha convertido en su principal opositor. Las demandas son claras, el restablecimiento del subsidio al diésel, la reducción del IVA y un cambio en las políticas económicas del gobierno.

La provincia de Imbabura se ha transformado en el epicentro de las movilizaciones, con más de veinte días de bloqueos y enfrentamientos. Este martes, en la ciudad de Otavalo, los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron decenas de heridos, los que se suman a los cientos de lesionados y a un fallecido en el contexto de las manifestaciones. Dicha ciudad, a poco menos de 60 kilómetros de Quito, la capital ecuatoriana, se encuentra completamente bloqueada por los manifestantes indígenas.

Además, en las últimas horas la CONAIE, informó el fallecimiento de dos manifestantes. Uno de ellos, José Guamán, fue baleado en el pecho por las Fuerzas Armadas, según denuncia la confederación. La segunda fallecida se trataría de Rosa Elena Paqui, quien murió a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados por la policía. Ambos en el contexto de las manifestaciones que mantienen bloqueada la ciudad de Otavalo.

La CONAIE denunció el uso de armas de fuego por parte de la policía, mientras el gobierno calificó las protestas como “actos violentos”. Noboa respondió desplegando 5 mil militares adicionales para despejar carreteras y controlar los focos de protesta. Pero este martes, las Fuerzas Armadas bloquearon los accesos a Quito, impidiendo el plan “Toma de Quito” que había anunciado la CONAIE.

Pese a las restricciones, el presidente del movimiento indígena, Marlon Vargas, insiste en que las manifestaciones continuarán de forma pacífica. No obstante, tanto el gobierno como los dirigentes indígenas reconocen la presencia de “infiltrados” que aprovechan el caos para provocar violencia y vandalismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y llamó al Estado ecuatoriano a establecer un “diálogo inclusivo y genuino” con todos los sectores.

A pesar de estos llamados, Noboa ha endurecido su discurso. Desde Guayas, afirmó que solo dialogará con quienes estén comprometidos con la democracia, excluyendo —dijo— a quienes buscan “sembrar odio y violencia”. El presidente también recordó que su proyecto político fue respaldado en provincias con alta población indígena, interpretando ese apoyo como un mandato ciudadano para trabajar, no para paralizar el país.

Las comunidades indígenas denuncian represión mientras el gobierno acusa sabotaje. Los comerciantes y transportistas reclaman por las pérdidas económicas. Y la ciudadanía, cada vez más asustada, vive entre el miedo a la delincuencia y el temor a que la crisis política se transforme en un nuevo estallido nacional.

La realidad es que Ecuador vive dos crisis simultáneas que parecen alimentarse mutuamente: una de seguridad, dominada por el crimen organizado; y otra de gobernabilidad, marcada por el conflicto con el movimiento indígena.

Daniel Noboa enfrenta así su prueba más dura desde que asumió el poder, una guerra abierta contra el narcotráfico que no da resultados visibles y una fractura social que amenaza con erosionar su legitimidad. Su estrategia de militarización y ajuste económico busca restaurar el orden y la estabilidad fiscal, pero en los hechos, está generando un nuevo frente de conflicto social, con un actor —la CONAIE— históricamente poderoso, organizado y resiliente. El futuro inmediato de Ecuador se juega, una vez más, entre el ruido de las explosiones, los gritos de las calles y la necesidad urgente de un diálogo que hoy parece cada vez más lejano.