Por Lianet Arias Sosa

   Son muchos los ejemplos para dejar en evidencia al poder judicial, señalado por autoridades y ciudadanos debido a un alarmante número de decisiones que lejos de proteger a la sociedad y a la víctima, insisten en otorgar facilidades al agresor.

   Entre el año pasado y lo transcurrido de este, suman casi 200 las determinaciones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

   De acuerdo con las cifras denunciadas por el titular de esa cartera, Omar García, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos salidas definitivas, lo que significa un número superior a 100 criminales que regresaron a las calles.

   Además, hubo 27 traslados a penales de mínima seguridad de personas que en su mayoría requerían medidas específicas por encontrarse en reclusión debido a los delitos de secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y otros de alto impacto.

   Al detallar este tipo de decisiones, mencionó al juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien resolvió el 24 de abril el egreso de Gerardo Ponce, uno de los líderes del Cártel del Pacífico, y su traslado al Centro estatal de Aguaruto.

   Pero hay más: en marzo de este año Salazar dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, operador del Cártel del Golfo, y cuatro meses antes revocó las medidas de prisión preventiva de José Alfredo N, sobrino de Osiel Cárdenas, líder de la misma organización criminal.

   La denuncia de García se detuvo entonces en los 42 juzgadores que dieron luz verde a 164 egresos por cambio de medida cautelar, una lista que encabeza Enrique Hernández, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro, de la misma entidad, con 15.

   El titular señaló que solo desde octubre pasado hasta abril último fueron liberados 26 sujetos pertenecientes a distintos grupos delincuenciales, entre ellos, Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas y Los Rojos.

    Sobran los casos como el de José Alonso “N”, colaborador de Kevin “N”, alias “200”, jefe de seguridad de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, excarcelado por un juez que decidió no vincularlo a proceso el 27 de febrero último.

   El 31 de octubre del año pasado, otra jueza, esta vez del estado de Guerrero, determinó auto de libertad a Nabor “N”, alias “el Camaleón”, quien fuera jefe de plaza de La Familia Michoacana y habría realizado el secuestro en 2009 de siete elementos de una institución de seguridad pública.

   Para autoridades y ciudadanos, el fenómeno de favorecer a delincuentes claramente vinculados con el narcotráfico y la violencia en el país coexiste con los beneficios otorgados por ciertos jueces a personajes o familias poderosas económicamente.

   “El poder judicial es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados”, resumió en agosto último el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

  Según el entonces jefe de Estado, “así como antes (los hombres de negocios y las cúpulas) tenían en el poder legislativo a sus diputados y a sus senadores y ahora no es así, porque la mayoría son representantes del pueblo, quieren seguir teniendo en el poder judicial a sus representantes”.

   En ese contexto, y con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso tras las elecciones del 2 de junio del año pasado, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) echó a andar y avaló, junto a formaciones políticas aliadas, la reforma al poder judicial.

   Probablemente, el elemento neurálgico o central de esa modificación a la carta magna resida en el paso de un sistema de nombramiento de jueces a otro de votación popular, cuya primera cita ante las urnas tendrá lugar precisamente este 1 de junio.

   En esos comicios extraordinarios, casi 100 millones de ciudadanos están convocados a elegir 881 cargos del poder judicial (la otra parte se definirá en 2027), a los cuales se suman mil 800 puestos a nivel local en 19 estados del país.

   Los electores recibirán seis boletas, entre estas, una morada, para seleccionar a los ministros de la Corte; azul (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tepjf) y turquesa (Tribunal de Disciplina Judicial). Además, habrá otras de color naranja (Salas Regionales del Tepjf), rosa (magistraturas de circuito) y amarilla (juzgados de distrito).

   Hace pocos días, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los mexicanos irán a votar libremente y desestimó los llamados de la oposición contra el sufragio.

   “Llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso, asidero en el pueblo. No. La gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día”, sostuvo la gobernante.

   Sheinbaum subrayó que su nación será una más democrática a partir del 1 de junio y cuestionó a quienes “no les gusta esto”.