Una sensación de impotencia emanó del discurso pronunciado por la Representante Especial del Secretario General para Haití, María Isabel Salvador, ante los miembros del Consejo de Seguridad de la organización en Nueva York,
A pesar del fortalecimiento de la fuerza pública haitiana, del despliegue progresivo de efectivos de policía de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), bajo la égida de Kenia, y del apoyo de la Oficina Integrada de la ONUen Haití (BINUH), la violencia criminal en el país sigue aumentando. «Nos estamos acercando a un punto de no retorno en la crisis haitiana», advirtió el representante especial.
Desde hace varios meses, el país se ha hundido en un caos de seguridad que la comunidad internacional lucha por contener. En la capital, Puerto Príncipe, grupos criminales organizados, que ya controlan la mayor parte de la ciudad, han estado lanzando ofensivas coordinadas desde finales de enero para apoderarse de nuevas zonas, incluyendo Kenscoff, el último acceso por carretera a la ciudad no controlado por pandillas. El centro de Puerto Príncipe y Pétion-Ville, en la periferia, que hasta ahora habían quedado relativamente a salvo, también están en la mira.
Más allá de la capital, la violencia se extiende a las provincias, especialmente a los departamentos del Oeste, Centro y Artibonite. En Mirebalais, en el centro, más de 500 reclusos fueron liberados durante un ataque a la prisión por parte de bandas, la quinta fuga masiva registrada en menos de un año. «Esta es una acción deliberada que busca consolidar su dominio, desmantelar las instituciones e infundir miedo», afirmó Salvador.
Los esfuerzos del gobierno haitiano no serán suficientes. Las cifras publicadas son escalofriantes: 1.086 muertos y 383 heridos sólo en febrero y marzo, períodos en los que más de 60.000 personas se vieron obligadas a huir de la violencia. Se suman al millón de desplazados registrados a finales de 2024. Según el director de la BINUH, «la magnitud de la violencia ha sembrado el pánico entre los haitianos, que temen el colapso total del Estado».
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, incluida la adopción el 14 de abril de un presupuesto revisado para apoyar la aplicación de la ley, la enviada de la ONU insistió en ser «muy franco, responsable y honesto: los esfuerzos del gobierno haitiano no serán suficientes para reducir significativamente la intensidad y la violencia de los grupos criminales».
Frente a esta espiral de violencia, Salvador lanzó un claro llamamiento a la comunidad internacional. Si bien elogió el liderazgo inquebrantable de Kenia en el marco del MMAS, consideró que «en esta etapa crítica, todos los Estados miembros deben aumentar su apoyo a las fuerzas de seguridad haitianas».
Desde el punto de vista operativo, la ONU también tiene dificultades para mantener su presencia. Los bloqueos de carreteras y la suspensión de vuelos comerciales desde noviembre de 2024 dificultan la entrega de ayuda y la movilidad del personal. «Sin este apoyo vital, las operaciones de la ONU corren el riesgo de reducirse aún más, en un momento en que el país más nos necesita», advirtió.
El imperativo, según ella, es ahora revisar la estrategia sobre el terreno. En una carta fechada el 24 de febrero, el Secretario General, António Guterres, recomendó específicamente que el Consejo creara una estructura de la ONU para el apoyo operativo y logístico al MMAS, que se financiaría con el presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU. Sin entrar en detalles sobre esas recomendaciones, el representante especial consideró que los miembros del Consejo deberían examinarlas «con urgencia».
A pesar de este clima deletéreo, un proceso político está en marcha. El Consejo Presidencial de Transición, dirigido por Fritz Jean, reiteró su objetivo de celebrar elecciones en febrero de 2026 y se realizaron consultas para revisar la constitución.
Pero la viabilidad del calendario electoral está en duda por las condiciones de seguridad. Para María Isabel Salvador, el papel de la BINUH debe ahora reorientarse: “Este es un llamado a concentrar los esfuerzos de la oficina donde puedan ser más efectivos, sostenibles y creíbles”.
La Representante Especial también acogió con beneplácito los esfuerzos para combatir la impunidad y fortalecer el sistema judicial, mediante la reciente creación de unidades especializadas contra los delitos financieros y atroces, así como las iniciativas en el ámbito del control de armas. Pero, insistió, “la justicia es un sistema; su funcionamiento requiere la intervención de todos sus actores”.
Sobre el terreno, la situación humanitaria se está volviendo crítica: la violencia ha provocado el cierre de 39 centros de salud y más de 900 escuelas en la capital. El cólera y la violencia de género se están extendiendo, sobre todo en los lugares de desplazamiento. Para brindar alivio al pueblo haitiano, Salvador instó a los Estados miembros a financiar el plan de respuesta humanitaria de 2025.
«Haití podría enfrentarse a un caos total y cualquier retraso en su apoyo podría ser la causa directa de ese deterioro», insistió.