Por: Juan David Cano El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó las cifras en una entrevista con Blu Radio y entregó la lectura oficial del Gobierno sobre lo ocurrido. “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles”, afirmó el ministro, quien precisó que entre las víctimas se cuentan niños, mujeres y adultos mayores. El Gobierno habla de crímenes de guerra Para el Ministerio de Defensa, lo ocurrido constituye un crimen de guerra y de «lesa humanidad», dado que quienes activaron el explosivo eran conscientes del daño que causarían. “Sabían exactamente, antes de activar el explosivo, que iban a matar a civiles”, dijo el funcionario. El ataque se produjo mientras unidades militares adelantaban operaciones a menos de un kilómetro del lugar. Según el ministro, esa proximidad no disuadió a los responsables, sino que, por el contrario, formó parte del cálculo del atentado. La autoría fue atribuida a las disidencias de las Farc asociadas a alias Iván Mordisco. “El terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos. Eso no es una muestra de fortaleza. Es una muestra de debilidad”, dijo Sánchez. Tenían alertas previas, pero el atentado no pudo evitarse El ministro reconoció que las autoridades contaban con información de inteligencia antes del ataque. “Tuvimos varias alertas y todo el despliegue de la fuerza pública fue enfocado a ello”, explicó. Sin embargo, admitió que el atentado no pudo impedirse y que la naturaleza de este tipo de acciones dificulta su anticipación. “Muchos atentados hemos evitado, pero este no se logró impedir”, señaló. En ese contexto, hizo un llamado directo a la ciudadanía para que colabore con las autoridades reportando actividades sospechosas. “¿Alguien se dio cuenta de que colocaron esa carga explosiva? Aquí la invitación es a que la gente nos ayude”, dijo. Más allá del ataque puntual, el ministro situó la violencia en el Cauca dentro de una lógica estructural. Para Sánchez, los grupos armados que operan en la región se sostienen principalmente a partir del narcotráfico y la minería ilegal, actividades que financian su capacidad operativa. “El problema es como un iceberg criminal: lo visible son los atentados, pero debajo están las economías ilegales”, dijo. En ese sentido, señaló zonas como el Cañón del Micay y el Naya como áreas de intervención prioritaria, donde el objetivo del Gobierno es desmantelar esas fuentes de financiamiento. “Cuando digo ‘desinfectar’ es eliminar eso, que la gente tome conciencia de que los cultivos ilícitos no traen subsistencia, sino violencia”, afirmó.