Por PhD Ing. Carlos Lorenzo

Lo que en general no se asume es que se trata de una crisis estructural de larga duración (cfr. Fernand Braudel) que, cuando menos, comenzó a fraguarse hace más de 120 años a bordo del acorazado Wisconsin, en Washington y Wall Street, en las oficinas del Ferrocarril de Panamá y en las residencias señoriales de la oligarquía casateniente, tendera y terrateniente con asiento en el aristocrático barrio de San Felipe, que hipotecó la soberanía del Estado nacional, antes de su alumbramiento, a la voracidad expansionista del imperialismo norteamericano que, si bien no osó afirmar que sus fronteras llegaban hasta el Darién (Mulino dixit), si definió al Istmo desde T. Roosevelt hasta D. Trump como un bien estratégico al servicio de sus intereses continentales y globales.

En los marcos de la relativamente larga coyuntura que inicia con la creación de la semirepública a comienzos del siglo XX, en el devenir social nacional es posible identificar tres coyunturas de mediana y corta duración.

La primera, que va desde la creación del protectorado colonial-militar hasta el golpe de cuartel de 1968; la segunda, de corta duración, de 1970 hasta el asesinato del general Omar Torrijos en 1981, y que correspondería a lo que generalmente suele denominarse “proceso revolucionario”; por último, la tercera coyuntura, que llega hasta hoy y que está signada por la invasión militar de Estados Unidos en la Navidad de 1989 que tuvo como objetivo primordial restaurar el control absoluto del imperio sobre Panamá y el canal y restaurar el modelo de democracia tutelada a cargo de la burgoligarquía que reasumió su histórica subordinación a la hegemonía norteamericana a la luz de su propio Corolario del  Destino Manifiesto, tal como lo expone con cinismo meridiano uno de sus cipayos: “Es necesario que se comprenda que nosotros los panameños estamos ligados desde 1903 a vivir mancomunada y fraternalmente con los norteamericanos, esto fue impuesto por la ley del destino o por lo menos por designios de Dios, desde que vinimos al mundo como República”(cfr. Pizzurno, 2022:358).

En efecto, dos de los objetivos declarados de la invasión norteamericana eran restaurar la democracia en el país y destruir a las Fuerzas de Defensa, concebidas para garantizar la seguridad del canal. Tuvieron éxito en la destrucción de la fuerza armada, lo que se complementó hasta ahora mediante sucesivas depuraciones de remanentes del torrijismo al interior de la entonces creada Policía Nacional.

Con respecto a la restauración de la democracia liberal, como era previsible, la burgoligarquía, sobre el  caballo del imperio, impuso una parodia de democracia representativa que, junto a la galopante corrupción inherente a su ADN, han derivado en la tragedia que hoy vivimos todos los panameños.

Los primeros siete gobiernos postinvasión (Endara, Pérez B., Moscoso, M. Torrijos, Martinelli, Varela, Cortizo) asumieron la misión de completar las tareas encomendadas, prioritariamente el desmantelamiento del Estado planificador y productor -de efímera vigencia (1970-1981)- en particular la privatización de las empresas públicas y los bienes y áreas revertidas según los dictámenes del FMI y el BM, mediante la venta directa, las concesiones y las llamadas alianzas público-privadas, y la consiguiente profundización del neoliberalismo desnacionalizante, depredador y excluyente, la radicalización de la economía de servicio, el Hub Logístico, el turismo y, más recientemente, el extractivismo minero.

Del núcleo duro de aquéllas tareas formaron parte esencial la desarticulación, cooptación y/o penetración de las organizaciones sociales y populares (estudiantiles, de mujeres, sindicales, campesinas, políticas etc.); el control de los aparatos culturales y de formación, el sistema educativo, las universidades, sistemas de comunicación; reconfiguración de los aparatos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, en particular, la Corte Suprema, las Procuradurías, órgano judicial.

El régimen presidencialista bajo control de la burgoligarquía debía blindarse ante eventuales amenazas de fuerzas sociales emergentes de base nacional y popular.

Empero, a lo largo de 35 años la burgoligarquía subordinada al capital financiero transnacional y a los dictados de Washington, se reveló incapaz de asegurar su hegemonía y garantizar el consenso social y político básico requerido para la gobernanza. Por el contrario, la imposición del modelo neoliberal excluyente que exacerbó el transitismo concentrador de la riqueza y que incrementó la desigualdad social, que mantiene en la pobreza y la pobreza extrema  multidimensionales a cientos de miles de panameños y panameñas condujo a la protesta y movilización social que atraviesa longitudinalmente los siete lustros transcurrido desde la invasión, dando lugar a una crisis estructural sistémica, endémica, que comprende todas las esferas de la vida de la nación.

El proceso electoral del 2024 trajo a la superficie la profunda y amenazante fragmentación al interior de la clase dominante, semejante a la que se instauró en 1968, que derivó en el golpe militar de ese año y a la pérdida relativa del control del Estado por la burgoligarquía y sus aliados internacionales por casi dos décadas, hasta 1989. Esta constatación, condujo a la candidatura presidencial de José Raul Mulino y, luego, a su triunfo de la mano del Tío Sam, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral y del condenado ex-presidente R. Martinelli.

Producto de la alianza de los sectores más transnacionalizados de la burgoligarquía, el capital financiero internacional y el establishment norteamericano, Mulino llegó al gobierno con la agenda definida por dicha coalición que comprende fundamentalmente:

1. radicalizar el modelo neoliberal antinacional y socialmente excluyente y apalancar el estilo de crecimiento basado en  el hub logístico, turístico y extractivista;

2. imponer la reforma a la Seguridad Social y asegurar los intereses del sector financiero mediante el control de los fondos de pensiones de los asegurados;

3. escamotear el Fallo de la Corte Suprema de Justicia y reabrir la explotación minera en favor del capital transnacional;

4. refundar el Estado según la democracia “De la burgoligarquía, Por la burgoligarquía y Para la burgoligarquía”, a la medida del “Gobierno Empresarial” como ideal de democracia del Presidente del 34% y de menos 10% de aceptación;

5. abdicar la soberanía y la capacidad de autodeterminación del Estado nacional y la consiguiente subordinación de la nación a los intereses geopolíticos y económicos estratégicos de Estados Unidos, aún a costa de entregar el Canal y el territorio para instalación de bases militares del imperio del norte bajo el subterfugio de Memorandos de Entendimiento.

Ello explica, en lo inmediato, que la instrumentación de esa agenda conlleve la sangrienta represión desatada en todo el país por los organismos castrenses y policiales contra el movimiento popular y todas las capas sociales, la judicialización y encarcelamiento de dirigentes sindicales, gremiales y cooperativistas, productores, ambientalistas, jóvenes y estudiantes, los pueblos aborígenes, en particular los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados; la violación flagrante de la Constitución Política, la Ley, los derechos humanos y sociales; la satanización de las universidades y de su autonomía, así como de todas las organizaciones, instituciones, sectores sociales y todos los que disientan de dicha agenda. Mulino, a la cabeza del gobierno de los empresarios, perdida toda legitimidad y representatividad, se siente blindado por las fuerzas armadas norteamericanas dirigidas por el Comando Sur ya asentadas en el territorio nacional, y no sería extraño que, como hizo en los años 1988-1989, esté aupando su intervención hoy.

Sólo la lucha unitaria de todo el pueblo podrá derrotar sus mefistofélicos designios.