Por Gerard H. Resil
Más que un nuevo examen histórico, lo urgente es analizar los datos existentes para proponer mecanismos concretos de restitución y reparación.
El discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo del 200 aniversario de la deuda de independencia provocó reacciones en Puerto Príncipe. Para algunos, el reconocimiento por parte de Francia de la injusticia del rescate pagado por Haití en 1825 en reconocimiento de su libertad es un paso en la dirección correcta. Para otros, esto no es suficiente y exigen una compensación para la primera república negra independiente del mundo.
Si bien la declaración del presidente Macron constituye un reconocimiento simbólico del daño causado por Francia al pueblo haitiano, sigue siendo en gran medida insuficiente en su alcance y sus efectos. A diferencia de la ordenanza de 1825, que era un acto jurídico-político formal entre los dos Estados, esta declaración unilateral y muy vaga en su redacción no está acompañada de una medida vinculante para el Estado francés relativa a la restitución de los fondos extorsionados y a la reparación de los males corolarios a lo largo de la historia nacional, ni siquiera de la firma del presidente.
MOHSANA deplora que esta declaración combine torpemente el firme apoyo de Francia al Consejo Presidencial de Transición (PTC), un órgano que carece de legitimidad democrática.
La posición de MOHSANA es que la cuestión de la restitución y la reparación no puede reducirse a una postura moral o una declaración simbólica. Ciertamente se requiere un trabajo sobre la verdad histórica, pero también medidas de justicia restaurativa que respeten la autodeterminación del pueblo haitiano y favorezcan el fortalecimiento de sus instituciones. Requiere un compromiso formal de Estado a Estado a través de mecanismos internacionales apropiados.
Hace un triple llamamiento: en primer lugar, al pueblo haitiano, para que permanezca vigilante ante los intentos de confiscar esta deuda o de neutralizar su memoria histórica y socavar su soberanía política; a los historiadores, investigadores e intelectuales, para que puedan continuar su trabajo de verdad con rigor, independencia y compromiso; y, por último, al Estado francés, para que asuma plenamente sus responsabilidades históricas, jurídicas y morales, con un verdadero espíritu de justicia y de reparación, y no de simple reconocimiento simbólico.